Según publicó este martes la prensa inglesa, un consorcio saudita, del que forma parte el príncipe heredero Mohammed Ben Salmane, ha pagado un avance no reembolsable de 17 millones de libras (19,5 millones de euros) al propietario del club Mike Ashley, en el marco de una oferta de compra por 300 millones de libras (345 millones de euros).

La Premier League debe ahora verificar que los potenciales compradores cumplen una serie de criterios para accionistas y futuros dirigentes. Pero Kate Allen, directora británica de Amnistía, dedicada a la lucha por el respeto de los derechos humanos en el mundo, escribió al presidente de la Premier Richard Masters para advertirle del riesgo en términos de imagen que tendría este movimiento para su institución.

“Mientras estas cuestiones (los derechos humanos en Arabia Saudita) no se arreglen, la Premier League se arriesga a ser utilizada para aquellos que quieren usar su prestigio y glamour para cubrir acciones profundamente inmorales”, escribió.

La utilización del deporte profesional como herramienta de ’soft power’ por regímenes poco democráticos en el que las libertades fundamentales no son respetadas es una crítica recurrente contra los estados del Golfo. Amnistía ya había denunciado la compra del Manchester City por parte de fondos de Emiratos Árabes al considerarla una forma de blanquear la reputación del país. “Todas las empresas deben protegerse contra todo vínculo posible con la violación de los derechos humanos y el fútbol inglés no se escapa de esto”, explicó Amnistía en un comunicado.