Si bien la violencia es injustificable, el sistema de prevención resultó fallido y dio vía libre a los delincuentes disfrazados de hinchas de Cerro Porteño para dirimir sus diferencias en plena tribuna Norte, provocando la reacción de los efectivos del orden público.
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El clásico se disputó a medias el domingo en el Defensores del Chaco con localía de Olimpia. Quedó suspendido debido al escándalo protagonizado por las barras y que terminaron dañando a los aficionados comunes que asistieron con otras expectativas, para presenciar la mayor fiesta del fútbol paraguayo.
La Policía Nacional promovió una conferencia en la que consignó que la llegada tardía de los cerristas originó el grave inconveniente. Es que ingresaron prácticamente sin control adecuado, “con el arco en blanco”. Fue el primer repudio del día, ya que varios uniformados fueron hospitalizados.
La Comandancia anuncia una investigación para que los culpables paguen por los hechos ocasionados.
El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, se reunió ayer con el ministro Enrique Riera y otras autoridades, para analizar la puesta en marcha de algún mecanismo efectivo para sacar de circulación a los vándalos. Las ideas son muy buenas, pero deben ser puestas a la práctica con mano dura.
Los clubes se tiran la pelota. Para Cerro, existe un grado de culpabilidad de la organización, que estuvo a cargo de Olimpia, que considera que no puede hacerse cargo de los disturbios ocasionados por parcialidades que no sean suyas.
Fue una larga jornada de repudios, sin que nadie se haga cargo de lo sucedido.
En principio, las entradas fueron vendidas exclusivamente para los socios del Ciclón y luego para los hinchas comunes; es decir, los criminales, que rivalizan más allá de lo deportivo, para ganar territorio y cometer actos delictivos. Maleantes que se aprovechan del deporte rey para obtener beneficios y que en algunos casos cuentan con el apoyo de dirigentes a cambio de protección.
Mientras tanto, los detenidos serán procesados y quedan en mano de la Justicia, la que debe imponer sanciones ejemplificadoras.