Warner fue reconocido “culpable de diferentes actos reprobables de manera continua y repetida durante el periodo en el que ocupó puestos de alto nivel en la FIFA y en la Concacaf (Federación del Caribe, América del Norte y Central)” y sobre todo haber “propuesto o aceptado pagos ilegales” , reveló la Comisión de Ética en un comunicado.
Esta decisión que entró en vigor el 25 de septiembre fue tomada “a raíz de la investigación de la cámara de instrucción de la Comisión de Ética, concerniente a las condiciones de adjudicación del Mundial-2018 a Rusia y 2022 a Catar”. Warner es el segundo exresponsable de la FIFA en ser suspendido de por vida, después del estadounidense Chuck Blazer, ’topo’ del FBI.
Ambos eran miembros del comité ejecutivo de la instancia mundial del fútbol, sacudida por un escándalo de corrupción sin precedentes en el que el presidente Joseph Blatter, está ahora siendo investigado por la justicia suiza.Detenido en Trinidad y Tobago, Warner forma parte de los 14 dirigentes del fútbol mundial y de los empresarios arrestados el 27 de mayo por petición de las autoridades estadounidenses, por haber percibido unos 150 millones de dólares en sobornos y retrocomisiones desde el inicio de los años 1990, en el marco de sus actividades alrededor de este deporte.
La justicia de su país acaba de fijar el 2 de diciembre, como la fecha de su audiencia sobre su extradición a los Estados Unidos, en donde Warner está visto como la pieza clave del escándalo de corrupción que golpeó a la FIFA. El pasado viernes, la justicia suiza abrió por primera vez un proceso penal por “gestión desleal” y “abuso de confianza”, a Blatter, por un contrato “desfavorable para la FIFA”, según la justicia suiza, firmado con el mismo Jack Warner y concerniente a los derechos televisivos y de márketing.
Aparentemente, este contrato habría permitido a Warner lograr buenos beneficios con la reventa de estos derechos. Dueño de inmuebles, empresas e incluso periódicos, el exvicepresidente FIFA Jack Warner, está en la cabeza de un imperio en su pequeña isla caribeña de Trinidad y Tobago. El 23 de julio, las autoridades estadounidense pidieron la extradición de este hombre de 72 años, presidente de la Federación del Caribe (CFU). La justicia de EE.UU. le acusa de corrupción y de blanqueo de dinero.