La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE Dolors Montserrat ha denunciado en esa misiva "la intensificación de la ofensiva del Gobierno contra la independencia judicial" y ha pedido al Ejecutivo comunitario que "condene cualquier ataque proveniente de un miembro del poder Ejecutivo a la legitimidad del poder judicial y a sus resoluciones".
Asimismo, la ha instado a recoger este aspecto en el próximo informe de Estado de Derecho, que se publicará en unos meses.
"La vicepresidenta primera del Gobierno de España ha lanzado una descalificación pública contra una resolución judicial, tildando de 'vergüenza' una sentencia, cuestionando no solo la legitimidad de un fallo, sino también principios constitucionales básicos como la presunción de inocencia. Las declaraciones, realizadas como cargo institucional, no constituyen una opinión personal, sino un ataque directo desde el poder ejecutivo al judicial y por tanto una intromisión", dice Montserrat en la carta.
Añade que "este atropello no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de reformas institucionales diseñadas a la medida del Ejecutivo, debilitando deliberadamente el equilibrio de poderes".
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Montserrat indica además que "el último ataque del Gobierno contra la independencia judicial", está "enmarcado en una ofensiva reiterada de extrema gravedad contra los jueces".
Lo considera una vulneración directa a los principios fundamentales del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial.
Y a la "reacción inmediata y sin precedentes de la carrera judicial y fiscal", que de manera "unánime" ha expresado "su preocupación ante lo que considera un intento del Gobierno de deslegitimar las decisiones de los tribunales cuando estas no se ajustan a su conveniencia política".
La contundencia de esta respuesta, añade, "refleja la magnitud del problema y la creciente alarma dentro del ámbito judicial".
La carta se refiere, por otro lado, al "diálogo constante" del PP con la Comisión Europea para "alertar sobre las campañas de desprestigio emprendidas por miembros del Ejecutivo contra jueces y magistrados".
Montserrat pide a Bruselas que "tome nota de este nuevo ataque institucional y reitere públicamente que el respeto a la independencia judicial es un principio innegociable del Estado de derecho y de obligado cumplimiento por parte de los Gobiernos" y cree "imprescindible" que "se condene cualquier intento del poder Ejecutivo de socavar la legitimidad del poder judicial y sus resoluciones".
"La Unión Europea no puede permanecer impasible ante una deriva que pone en riesgo los principios democráticos fundamentales", según la eurodiputada.
Este lunes la ministra María Jesús Montero matizó sus críticas a la sentencia que absuelve a Dani Alves, y aseguró que la presunción de inocencia "no debe impedir" que se pueda expresar rechazo al cuestionamiento "sistemático" de las víctimas de agresiones.
En un mensaje en la red X, Montero salió al paso de las críticas que ha recibido por parte de la oposición política y de jueces y fiscales españoles por sus palabras del pasado sábado.
En un acto de su partido el pasado fin de semana, la ministra consideró una "vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región española de Cataluña, que revoca la condena de Alves a cuatro años de prisión por la Audiencia de Barcelona al considerar que adolece de "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".