La cartera de Hacienda resume en un informe el anexo de personal de las 106 instituciones públicas que forman parte de la Ley N° 7050 de Presupuesto General de la Nación (PGN), que entró en vigencia a principios del mes de enero.
Los cargos están distribuidos en las instituciones que componen la administración central y las entidades descentralizadas, la primera se financia principalmente con la recaudación de impuestos y la segunda con los fondos que generan con la prestación de servicios.
El presupuesto engloba en la administración central al Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura.
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Las entidades descentralizadas, por su parte, agrupa a la banca del Estado (BCP), gobernaciones departamentales, entes autónomos y autárquicos, entes de seguridad social, empresas públicas, entes financieros oficiales y las universidades nacionales.
El presupuesto 2022 contemplaba un total de 314.633 cargos de funcionarios permanentes y este año la cantidad aumentó a 316.897, lo que implica 2.264 nuevos puestos en el sector público que se paga con los fondos aportados por la ciudadanía vía impuestos o pago de servicios.
En un principio, durante el estudio del proyecto de presupuesto en el Congreso se había informado de la aprobación de 3.000 nuevos cargos, entre lo previsto por el Ejecutivo para atender el crecimiento vegetativo y lo incluido por los legisladores en plena campaña electoral.
Hay 2.264 nuevos puestos en la Función Pública
Tras la promulgación de la ley y la revisión de las modificaciones introducidas por los parlamentarios al proyecto original de presupuesto del Ejecutivo, el informe de Hacienda da cuenta que el aumento finalmente es de 2.264 (la reducción obedecería a que se eliminaron cargos vacantes en algunas instituciones).
Al comparar los cargos presupuestados por cada institución el año pasado con la del presente ejercicio, salta que el principal beneficiado es el Poder Judicial y los organismos auxiliares de justicia: la Corte Suprema de Justicia dispone de 1.532 puestos más, la Justicia Electoral 109, el Ministerio Público 133 y el Ministerio de la Defensa Pública 103.
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En contrapartida, existe una reducción importante en el Ministerio de Salud Pública de 2.481 cargos, que en el cuadro oficial no se explica el motivo.
También se puede notar más cargos en el Ministerio de Justicia de 369, Ministerio de Trabajo 110, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 204, Ministerio de Interior 382 y Ministerio de Defensa 502, así también en el Congreso 39, en el Senado 36 y en Diputados 2, entre otros.
Contratados rondan los 55.000
A los funcionarios permanentes se suman los funcionarios contratados, que de acuerdo con los datos recogidos el año pasado superan las 55.000 personas ubicadas en diversas entidades, la mayor parte en el sector de salud pública.
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En el presente ejercicio la cantidad debería ser menor, atendiendo que en el año pasado se había nombrado a miles mediante el programa de desprecarización laboral, llevada como parte de las campañas electorales. Sin embargo, no se tiene aún datos respecto a cuántos conforman este sector actualmente.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló el último martes que el gasto salarial en el sector público representa el 30% del presupuesto, lo que implica más de US$ 4.000 millones.