Tributación cierra dos distribuidoras comerciales por no expedir comprobantes de venta

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda procedió a la clausura temporal de las actividades de dos locales comerciales del rubro “Comerciales-Distribuidoras”, que operan en las ciudades de Mariano Roque Alonso y Carapeguá.

Los funcionarios de la SET durante el operativo de cierre temporal de uno de los locales. (Gentileza SET).
Los funcionarios de la SET durante el operativo de cierre temporal de uno de los locales. (Gentileza SET).gentileza

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El informe que dio a conocer en la fecha la administración fiscal señala que el cierre se realizó por tres días luego de las denuncias recibidas, porque supuestamente no expedían comprobantes de venta.

La nota explica que los locales comerciales del rubro “Comerciales–Distribuidoras”, sin mencionar los nombres, están situados en las ciudades de Mariano Roque Alonso y Carapeguá, en los departamentos Central y Paraguarí, respectivamente.

“Dichas suspensiones fueron solicitadas en base al resultado de los procedimientos de compra simulada llevados a cabo por funcionarios del Departamento Jeroviaha, pues se comprobó que los establecimientos afectados no expedían comprobantes de venta”, indica el informe de la SET.

Explica que el origen de los procedimientos fue la denuncia de terceros, que a través de los medios habilitados “denunciaron la No Entrega de Comprobantes de Venta y la presunta posesión de mercaderías sin el debido respaldo documental”.

Cierran actividades por tres días

Los locales comerciales afectados, dice el informe, cierran sus puertas al público por tres días, atendiendo a la orden judicial emanada del órgano competente que faculta al Departamento Jeroviaha, dependiente de la administración tributaria, a suspender las actividades comerciales de los establecimientos mencionados, habilitando además los días y horas inhábiles para el diligenciamiento de la orden.

La SET menciona que, a la la par de la mencionada medida judicial, se inicia una fiscalización puntual a los contribuyentes, notificando las órdenes de fiscalización con el fin de determinar la existencia o no de impuestos dejados de ingresar, teniendo así que, de detectarse inconsistencias, aplicar a los contribuyentes una multa por defraudación, que puede llegar a 300% del monto evadido.

Adelanta que las intervenciones seguirán ejecutándose en todo el país y, en ese sentido, otorga un reconocimiento a aquellos locales que cumplen con la obligación de expedir los comprobantes de venta.

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