Caja Fiscal: Ejecutivo sugiere tener en cuenta en la reforma los fallos de la Corte

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Dirección de Jubilaciones. Caja Fiscal.
La comisión nacional a ser conformada deberá sugerir las reformas a ser implementadas para que las finanzas de la Caja Fiscal vuelvan a ser sostenibles.

El Poder Ejecutivo sostiene que la comisión nacional a ser conformada para recomendar reformas en la Caja Fiscal, deberá considerar las acciones de inconstitucionalidad otorgadas por la Corte Suprema de Justicia sobre el sistema de actualización de los haberes jubilatorios.

La Presidencia de la República en su mensaje que acompaña el proyecto de ley que crea la comisión nacional para estudiar y recomendar reformas en la Caja Fiscal, presentado a consideración del Congreso el último viernes, explica el proceso que llevó a la entidad un de déficit creciente que requiere de urgentes soluciones.

Explica que a las modificaciones en la ley de la referida caja aprobadas por el Congreso a lo largo de estos años, se suman las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el artículo 8° de la Ley N° 2345/2003 y su modificatoria correspondiente, la Ley N° 3542/2008, que el máximo tribunal de justicia hizo lugar en ocasiones, declarando la inaplicabilidad del mecanismo de actualización que utiliza la variación del índice de precios del consumidor (IPC), por no aplicarse en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario en actividad.

Añade que, sin embargo, los salarios del sector público no fueron ajustados de forma general en los últimos años, a excepción de sectores como las fuerzas públicas (policías y militares), el personal de blanco y los docentes del magisterio nacional.

Expresa que con la creación de la comisión nacional se contará con un espacio de trabajo multisectorial que permitirá analizar en profundidad la situación jurídica, financiera y actuarial del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, formular la propuesta legislativa de reforma integral del marco normativo, y elaborar los estudios técnicos, financieros y actuariales, así como los impactos demográficos en los sectores que lo conforman, que aseguren en el corto, mediano y largo plazo su sostenibilidad.

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“Igualmente, deberá considerar el cumplimiento de los mandatos constitucionales referentes al mecanismo de actualización de los beneficios y al principio de igualdad y no discriminación, a fin de responder a los fallos de la Corte Suprema de Justicia”, puntualiza el Ejecutivo.