“La Argentina construyó Yacyretá, Paraguay nos debe miles de millones de dólares”, decía Sergio Massa a los colegas de Posadas, luego del acto de una entrega de viviendas en un barrio de esta ciudad.
Massa no se refería al trabajo al consorcio Eriday-UTE, adjudicatario del contrato de Obras Civiles Principaels o YC1a del proyecto, tampoco a las firmas que equiparon la central, sino a su financiación, a los recursos que debió aportar su país (artículos IX y X del Tratado) o garantizar, y que finalmente lo hizo como prestamista, hasta con una elevada tasa de interés, según lo había advertido nuestra Contraloría General de la República en su informe, luego del examen especial al sometió o la entidad, en el 2007.
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¿Ignorancia o mala intención? La pregunta se justifica, porque cualquiera que lea el Tratado de Yacyretá comprobará que los préstamos fueron hechos a la entidad binacional y no al Paraguay, luego la deuda no es del Paraguay sino de la entidad binacional.
En último instancia (quiebra, actualización de cuentas, etc.) la liquidación deberá ajustarse a “la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países, tal como lo consagra el numeral IX del Anexo C del Tratado de Yacyretá, plenamente vigente.
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El 93 % de la deuda debe imputarse a la Argentina
Recordemos que en los 28 años de producción de la central, Argentina retiró el 93% de la energía de Yacyretá y el Paraguay solo el 7%. Por consiguiente, si la deuda fuese US$ 23.000 millones, o US$ 14.000 millones, o US$ 4.000 millones, por justicia, y por así lo consagra del Tratado, el 93% debe imputarse a la Argentina y el 7% restante el Paraguay.