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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, expuso ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso los números del proyecto de presupuesto asignado a la institución para el ejercicio 2024.
La entidad tiene asignado este año G. 681.096 millones (US$ 92,4 millones) como presupuesto inicial y para el año venidero se le contempla un monto de G. 787.794 millones (US$ 106,9 millones), que implica un aumento de 16,6%, de acuerdo con los datos de la comisión bicameral.
El canciller adelantó en la audiencia que solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluir en el proyecto de presupuesto 2024 G. 48.311 millones (US$ 6,5 millones), teniendo en cuenta que no están dentro del plan los fondos para cubrir la cumbre del Mercosur que el próximo año se realizará en el país (en diciembre próximo Paraguay asume la presidencia pro tempore y el próximo año lo entrega).
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Agregó que tampoco encontraron en el presupuesto el impacto cambiario de una mayor cotización del dólar, ni los pagos en concepto de cuotas porque son miembros de organismos internacionales, entre otros gastos.
Además, dejó en claro que el proyecto 2024 fue enviado antes de la aprobación del proyecto de ley que elimina una parte del arancel consular y, por lo tanto, en realidad existe una reducción en el ingreso en este concepto que debe cubrirse con recursos del Tesoro.
Reducción del cuadro de personal permanente y de contratados
Ramírez Lezcano explicó a los legisladores que están desarrollando una tarea muy importante con una cooperación no reembolsable de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, para hacer un diagnóstico integral en cuanto al funcionamiento de áreas específicas del ministerio, tanto interna como externa (consulados y embajadas).
Explicó que pretenden implementar un programa de reducción del plantel de funcionarios permanentes y contratados, de tal modo a permitir ahorrar que importantes recursos y distribuirlos en áreas más prioritarias.
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El canciller añadió que están analizando cuales serán las representaciones consulares e, incluso diplomáticas, que pueden cerrar en atención a las prioridades de la política exterior y también por la necesidad de tener un manejo austero de los recursos presupuestarios.
Dijo que se hará una evaluación de las embajadas, de embajadores y de todos los funcionarios que integran cada representación diplomática consular, una evaluación personal y que para ello existen mecanismos para medir, en forma individual y colectiva, los propósitos y objetivos que se persiguen en cada país.
Sesión reservada para hablar del Clan Rotela
Por su parte, el ministro de Justicia, Ángel Barchini, reconoció ayer que están tratando de recuperar la presencia y el control del Estado paraguayo en los centros penitenciarios, principalmente en Tacumbú.
El titular de la cartera de Justicia así se expresó durante la audiencia llevada a cabo en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que lo convocó para analizar su plan de gastos para el ejercicio 2024.
Barchini dijo que estamos en un momento de suma importancia por los problemas registrados, que son de público conocimiento, en las penitenciarías y principalmente en Tacumbú.
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“Estamos hasta hoy en una situación sensible, estamos tratando de recuperar la presencia, el control del Estado paraguayo en los centros penitenciarios y, obviamente, toda la ejecución y el plan que tenemos que desarrollar depende mucho del apoyo de Uds. y de la aprobación de nuestro presupuesto”, dijo.
Barchini empezó a explicar los números del proyecto de presupuesto del Ministerio de Justicia, pero tras una moción de la senadora liberal Celeste Amarilla y con apoyo del senador liberal cartista Dionisio Amarilla, se aprobó que la sesión sea reservada, con el argumento que iban a tocar temas sensibles sobre lo ocurrido en Tacumbú y el clan Rotela.
La cartera de Justicia, según los datos de la bicameral, tiene asignado para el presente ejercicio un presupuesto inicial de G. 438.880 millones (US$ 59,5 millones) y para el año próximo prevén G. 421.326 millones (US$ 57,1 millones), lo que implica una reducción del 3,9%.