Los gremios de trabajadores del transporte público cuestionan que el proyecto de reforma del sector atenta contra el derecho constitucional de huelga en el artículo 20, que mantiene la declaración del transporte público como “servicio público imprescindible”, habilitando sanciones ante interrupciones del servicio.
Este proyecto ya cuenta con sanción de ambas cámaras; sin embargo, como tuvo nuevas modificaciones en la Cámara de Diputados, la cual es revisora, volvió a la Cámara de Senadores, que es la de origen, donde volverá a ser estudiada.
Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasú, criticó que los legisladores del Partido Colorado tengan una mayoría que calificó de “abusiva”, ya que no escucha los reclamos de los gremios de los trabajadores del transporte público, quienes convocaron a una asamblea el 5 de diciembre para definir si van a huelga o no.
“Yo les entiendo perfectamente, no se puede legislar en contra de la Constitución Nacional. El derecho a huelga es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y le hemos dicho a los colegas en su momento, pero como este es un gobierno que atropella nomás y que como tiene una mayoría, cree que se puede obviar los derechos de la gente y sobre todo no escuchar a los gremios”, sostuvo.
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Reforma cercena derecho constitucional
El derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, por eso tanto los sindicalistas del transporte, como los legisladores de la oposición critican que con el artículo 20 de la reforma se está cercenando este derecho y de aprobar el proyecto, se estaría legislando en contra de la carta magna.
Martínez agregó que también se estarían atropellando derechos reconocidos a nivel internacional al limitar el derecho a huelga.
“Una de las conquistas más importantes de los trabajadores en el mundo ha sido justamente el derecho a huelga que todos los gobiernos reglamentan, por supuesto, sobre todo cuando son servicios de alta necesidad social. Acá hay una mayoría abusiva, porque acá ni siquiera han escuchado a los gremios y todos le hemos advertido que no se puede hacer una ley en contra de derechos constitucionales”, explicó.
Agregó que sin la reforma, hoy en día con las reguladas funciona el 70% del transporte público, lo cual atribuyó a una decisión de los empresarios para ahorrar dinero. No descartó convocar a una sesión extraordinaria para tratar la reforma, ya que faltan pocas sesiones para el inicio del receso parlamentario.
“Hoy con luego ya 70% de lo que acordaron está funcionando, de modo que ahí está la gente quejándose, pero sigue funcionando. Esa no es una medida de fuerza”, concluyó.