El planteamiento se da en un contexto de crecimiento sostenido de la recaudación. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un incremento acumulado del 8,5%. Desde la institución destacan, entre otros factores, la mejora en los servicios al contribuyente y la expansión del uso de la facturación electrónica.
Para Amaral, este proceso de digitalización ya genera efectos positivos concretos. “La creciente utilización del sistema de facturación electrónica genera una mayor seguridad en la operativa de los contribuyentes, particularmente en los procesos de recupero de créditos fiscales”, aseguró.
El profesional explicó que el control cruzado automático entre facturas de venta y compra reduce inconsistencias, minimiza riesgos y disminuye los costos administrativos asociados a los procesos de verificación.
No obstante, alertó que persisten limitaciones técnicas que obligan a extremar controles. En particular, señala retrasos entre la fecha de emisión de las facturas electrónicas y su posterior visualización en los libros de Ventas y Compras del sistema Marangatu (RG 90), además de la falta de información detallada en algunos comprobantes.
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Estas situaciones obligan a los responsables impositivos a realizar revisiones adicionales para garantizar la integridad de los datos declarados, según sostuvo.
La visión de un fisco proactivo

Amaral afirmó que, desde el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, se busca promover una agenda de cambios que apunten a una gestión tributaria más moderna y previsible.
Manifestó que el objetivo de fondo es avanzar hacia una automatización completa del sistema, en la que el contribuyente pueda contrastar sus declaraciones con borradores proforma generados automáticamente por la DNIT a partir de la información del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
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“Otro aspecto susceptible de mejoras y que también contribuirá a un mayor nivel de seguridad y confiabilidad es que la Administración Tributaria implemente controles automáticos y genere alertas”, sugirió el analista, al señalar que este tipo de mecanismos permitiría mitigar riesgos de errores y fraudes, como la anulación de comprobantes de retención correspondientes a períodos anteriores.
Frente a la automatización del fisco, precisó que el rol del contador público atraviesa un proceso de redefinición.
En ese escenario, planteó que los profesionales deben orientarse hacia una función más estratégica como asesores tributarios, con mayor énfasis en el análisis normativo, la identificación de riesgos fiscales y el acompañamiento a los contribuyentes en la toma de decisiones.
Eliminar prácticas obsoletas

El representante de los profesionales reconoció que la DNIT facilitó trámites remotos y agilizó recuperos, pero existen “cuellos de botella” administrativos que deben corregirse urgentemente.
Las principales peticiones desde el sector giran en torno a la eficiencia en la comunicación: “Creemos sí que deberían reducirse los plazos que insume la DNIT para responder las consultas, tanto vinculantes como no vinculantes”, además de solicitar mayor profundidad en las respuestas rápidas por correo.
En cuanto a la competitividad y el clima de negocios, Amaral resaltó la trascendencia de normativas recientemente aprobadas, como la nueva Ley de Maquila y la Ley de Incentivo a la Inversión.
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Sin embargo, advirtió que su impacto total para los inversores solo se materializará una vez que se defina su ‘letra chica’, es decir, su reglamentación. Por ello, considera urgente la emisión de sus reglamentos a la brevedad, lo cual resulta esencial para su efectiva aplicación y para conferir certeza jurídica al mercado.
Finalmente, el gremio aboga por la coherencia digital, y apunta a una práctica que debe erradicarse: “Observamos que aun se sigue solicitando la versión impresa de los documentos electrónicos, práctica que entendemos debería ser obviada en el futuro, atendiendo a la mayor seguridad jurídica y operativa que brindan el uso de sistemas como el de SIFEN”, sentenció.
Como propuesta central para el 2026, el Consejo buscará impulsar la reducción de plazos de respuesta, la implementación de controles automáticos con alertas y seguir ampliando la obligatoriedad del uso de facturas electrónicas, todo en el marco de una mayor colaboración entre la DNIT y los gremios profesionales.
