Los gremios de la construcción se reunieron ayer martes con el nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, para tratar la millonaria deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene con empresas constructoras, la cual asciende a unos US$ 370 millones.
Según explicaron, el monto incluye aproximadamente US$ 250 millones en certificados de obras impagos y unos US$ 120 millones en concepto de intereses generados por la mora.
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, informó que, con representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), expusieron al Ejecutivo la crítica situación financiera que atraviesan las empresas del sector y le advirtieron sobre la urgencia de adoptar medidas antes de que algunas compañías quiebren.
Lea más: Deuda a constructoras: gobierno recurrirá a “estrategia” de la gestión de Abdo para pago parcial
Esperan, añadió, que parte de los recursos obtenidos con la emisión de bonos por US$ 1.000 millones, anunciada por el Gobierno, sea destinada al pago de los compromisos pendientes con las constructoras. “Entendemos que con ese dinero se cancelarán las cuentas y estamos muy esperanzados en que eso ocurra”, insistió.
Empresas en situación “extrema”: algunas obras ya pararon
Heisecke agregó que, del encuentro participó, además de los representantes de Capaco y Cavialpa, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.
El dirigente gremial explicó que el Gobierno se comprometió a analizar la situación y buscar una salida al problema, aunque advirtió que el sector enfrenta un escenario crítico.
“Estamos en una situación extrema. Hay empresas que ya pararon sus obras”, detalló, al tiempo de señalar que algunas firmas evitan anunciar oficialmente la suspensión de los trabajos debido la incertidumbre existente.
Advirtió además que la falta de pagos podría provocar la quiebra de compañías del sector, que agravaría el impacto económico y laboral. “Una vez quebradas las empresas ya no hay vuelta atrás”, manifestó.
Lea más: Deuda a constructoras: “Estamos prácticamente en un momento de quiebre” , advierte titular de Capaco
Respecto al monto total adeudado, explicó que los US$ 250 millones corresponden a certificados pendientes de pago, mientras que los intereses estimados rondan los US$ 120 millones, cifra que podría variar debido a que las empresas no pueden formalizar reclamos mientras no se cancelen las obligaciones principales.
En cuanto a las obras afectadas, los gremios reportaron la paralización o demora de varios proyectos viales en distintos puntos del país. Entre ellos mencionaron los tres tramos entre Ybyraty-San Juan Bautista, el tramo Concepción–Pozo Colorado —que se había iniciado en enero, ahora se encuentra paralizado—, así como trabajos en la zona de Graneros del Sur. También dijeron que las obras de los tramos Pilar–Humaitá y Humaitá–Paso de Patria aún no se iniciaron pese a que ya transcurrieron cuatro meses desde la firma de los contratos.
Nada se sabe del factoraje anunciado
Asimismo, Heisecke afirmó que ya pasaron 15 días desde el anuncio del Gobierno acerca de la posibilidad de una nueva aplicación del mecanismo de factoring o factoraje —ya utilizado durante el Gobierno anterior— como alternativa para dar una salida parcial a la deuda que el Estado mantiene con las empresas constructoras.
El Ejecutivo pretende aplicar nuevamente la Ley N.° 6542/2020 de factoraje, prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obras o facturas a bancos locales para que cobren parte de la deuda, con garantía soberana.
El mecanismo permitiría cubrir inicialmente unos US$ 150 millones, con posibilidad de ampliación. Sin embargo, luego de la implementación de esta modalidad —que busca dar liquidez a las empresas— ya se generaron en el pasado intereses que hoy siguen sin pagarse, deuda que se arrastra hasta la actualidad y que el propio ministro Fernández Valdovinos había cuestionado anteriormente.