Lo que pasó en marzo con la declaración de “economía de guerra” y la renuncia del ministro de Economía generó un debate que en realidad venía postergándose desde hace tiempo, y que, en gran medida, está siendo planteado de forma inversa, porque la primera reacción de varios sectores fue concluir que Paraguay cobra poco y por lo tanto debe cobrar más, cuando los propios números de recaudación no acompañan esa lectura. La Diracción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró en marzo un crecimiento del 10,4% interanual, los impuestos internos subieron un 12%. Al mismo tiempo, la economía paraguaya proyecta el mayor crecimiento de Sudamérica para este año.
Lo que quedó expuesto es otra cosa: un Estado que fue acumulando compromisos de gasto por encima de su capacidad real de financiamiento, trasladando la tensión de un ejercicio fiscal al siguiente a través de deuda flotante con proveedores, hasta que el mecanismo dejó de ser sostenible.
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La deuda con constructoras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ronda los US$ 400 millones, la de proveedores del Ministerio de Salud cerró 2025 en US$ 800 millones, y el total de compromisos pendientes con el sector privado supera los US$ 1.000 millones, con facturas que en algunos casos se arrastran hace más de un año. Eso no es un problema de insuficiencia recaudatoria. Es un problema de un Estado que ha comprometido niveles de gasto por encima de lo sostenible dentro de su propio esquema fiscal.
La deuda flotante con proveedores no es una anomalía coyuntural. Es la consecuencia estructural de un Estado que creció por encima de lo que su nivel de tributación puede financiar cuando dicho gasto no responde a criterios claros de priorización.
Lo que el Estado omnipresente produce en economías como la nuestra
Hay evidencia económicas consistentes de que el impacto del tamaño del Estado sobre el crecimiento depende fuertemente del contexto institucional en el que opera ese Estado, y eso es algo que el debate local tiende a ignorar cuando compara a Paraguay con países europeos que tienen presión fiscal del 35 o 40% del PIB. En países con instituciones sólidas, baja corrupción y alta capacidad técnica en el sector público, un Estado más grande puede efectivamente financiar bienes públicos de calidad que complementan al sector privado.
Pero en economías con alta informalidad, tradición de captura política del presupuesto y capacidad institucional limitada, que es el contexto latinoamericano en general y el paraguayo en particular, el patrón histórico es diferente: el gasto público crece, pero crece en salarios, subsidios y transferencias de baja productividad, mientras que la inversión real en infraestructura, educación y salud de calidad queda rezagada o mal ejecutada.
El propio presupuesto paraguayo lo ilustra con claridad: más del 56% de los ingresos tributarios de 2025 se destinó a salarios del sector público, con prestaciones sociales creciendo un 14,7% interanual, por encima del crecimiento del PIB. La inversión pública ejecutada ese año fue apenas el 1,6% del PIB. No es que el Estado paraguayo cobra poco y por eso no puede invertir. Es que cobra lo que cobra y lo gasta mayoritariamente en gasto corriente que no genera retorno económico medible, dejando para después la inversión que sí justificaría su existencia desde el punto de vista del bienestar colectivo.
| <b>56%</b><br/> De ingresos tributarios 2025 destinados a salarios públicos. Gasto corriente, no inversión. | <b>14,7%</b><br/> Crecimiento de prestaciones sociales en 2025, por encima del crecimiento del PIB. |
|---|---|
1,6% PIB | 4,2% |
El argumento de fondo: Gastar mejor antes que cobrar más
La tesis que se sostiene en este análisis es que Paraguay no necesita aumentar su presión fiscal para resolver la crisis de pagos a proveedores ni para financiar los servicios que el Estado debe proveer, sino que necesita redistribuir internamente su gasto hacia los cuatro pilares que realmente justifican la existencia del Estado desde una perspectiva de eficiencia económica: educación básica de calidad, salud primaria, seguridad jurídica e infraestructura en zonas donde no existe rentabilidad privada posible.
Si el Estado logra concentrar su gasto en esos cuatro pilares, eliminar duplicaciones institucionales, racionalizar una planilla que creció por inercia y lógica clientelar antes que, por necesidad funcional, y transferir al sector privado lo que el mercado puede hacer mejor, entonces el nivel de tributación actual es compatible con un Estado que funciona bien y paga sus compromisos en tiempo, porque el problema principal no ha sido cuánto recauda el Estado, sino cómo asigna y ejecuta esos recursos.
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Y si ese proceso de racionalización del gasto se sostiene en el tiempo, la propia dinámica de crecimiento del sector privado amplía la base tributaria sin necesidad de tocar las tasas, porque una economía que crece al 4 o 5% anual de forma sostenida genera cada año más actividad formal, más empresas registradas, más transacciones gravadas, y en consecuencia más recaudación en términos absolutos con la misma presión relativa. Ese es el mecanismo que permite que el Estado se financie mejor cobrando lo mismo, o incluso menos en proporción al PIB.
La senda virtuosa: cómo funciona el mecanismo
| <b>1</b> | El Estado concentra el gasto en lo esencial y elimina lo que el mercado puede hacer mejor |
|---|---|
2 | La presión fiscal se mantiene baja, liberando ingreso disponible en familias y empresas |
3 | El sector privado crece con más espacio, genera empleo formal y amplía la base tributaria |
4 | El Estado recauda más en términos absolutos sin subir tasas, financia mejor los pilares esenciales |
5 | Mejor infraestructura y capital humano aumentan la productividad privada. El ciclo se refuerza |
La presión fiscal como resultado, no como punto de partida
El cambio de perspectiva que propone este análisis es tratar la presión fiscal no como una variable de política que hay que decidir cuánto subir, sino como el resultado natural de cuánto necesita el Estado para financiar exclusivamente lo que le corresponde hacer. Si ese gasto está bien definido y ejecutado, la presión fiscal que se necesita para sostenerlo es considerablemente menor que la que se necesita para sostener un Estado que hace de todo sin hacer nada del todo bien.
En el caso paraguayo, la estimación de cuánto necesita el Estado para financiar sus funciones esenciales con eficiencia, sin duplicaciones y sin gasto corriente improductivo, apunta a un rango que no está muy lejos del nivel actual, porque parte del problema no es que se recauda demasiado poco, sino que el problema radica en la calidad del gasto. Lo que sí es claro es que el incremento que pudiera necesitarse para cerrar esa brecha no debería venir de decisiones políticas de subir tasas sino del propio crecimiento de la base tributaria que genera la expansión del sector privado.
Escenarios fiscales según calidad del gasto público
| 10-13% PIB con gasto ineficiente | Escenario actual. Genera deuda flotante de forma recurrente porque el gasto corriente consume lo que debería ir a inversión. Insostenible sin reforma. |
|---|---|
10-13% PIB con gasto eficiente y focalizado ✓ | Escenario objetivo. El mismo nivel de tributación, redistribuido hacia los cuatro pilares esenciales, permite al Estado cumplir sus compromisos y crecer la base tributaria por expansión privada. |
15-18% PIB por crecimiento natural de la base | Resultado posible a mediano plazo si la senda virtuosa funciona. No por decisión de subir tasas sino por mayor formalización y actividad económica privada. |
+20% PIB por decisión política | Escenario por evitar. En la estructura económica actual empujaría actividad hacia la informalidad y generaría los mismos déficits con más recursos. |
Por qué la secuencia importa tanto como el destino
Hay una dimensión que los análisis puramente técnicos a veces subestiman y que en el caso paraguayo es determinante, que es el peso del contexto institucional sobre la eficiencia con la que el Estado convierte recaudación en bienestar.
En economías y culturas como la nuestra, donde la relación entre el ciudadano y el Estado tiene una larga tradición de clientelismo, donde el empleo público funciona históricamente como mecanismo de retribución política y donde la capacidad de los organismos de control es limitada, cada punto adicional de presión fiscal tiene un riesgo considerablemente mayor de terminar en gasto improductivo que en economías con instituciones más consolidadas.
Eso no es un argumento para el inmovilismo sino para entender que la secuencia correcta en el caso paraguayo es primero la reforma del gasto, la racionalización de la planilla, la eliminación de duplicaciones institucionales y el fortalecimiento de los mecanismos de control, y recién después, sobre esa base más sólida, evaluar si se necesita algún ajuste en el nivel de tributación o si el propio crecimiento de la economía lo resuelve solo.
Hacerlo al revés, incrementar primero la recaudación confiando en que el gasto se va a ordenar espontáneamente, es repetir exactamente el error que generó la crisis actual, solo que con más recursos disponibles para gastar mal.
Paraguay tiene hoy una oportunidad concreta de definir ese camino con más claridad que en el pasado, porque la crisis de pagos a proveedores y el debate que generó pusieron sobre la mesa una conversación que el país venía postergando, y porque todavía hay margen fiscal, margen de crecimiento privado y margen institucional para hacerlo bien. Que eso se traduzca en decisiones de política coherentes con ese diagnóstico es, como siempre en estos temas, la parte más difícil.
El desafío de calidad
El desafío fiscal de Paraguay no es de magnitud, sino de calidad. No se trata de construir un Estado más grande, sino uno más eficiente, enfocado y predecible. En economías como la nuestra, la diferencia entre estancamiento y desarrollo no radica en cuánto recauda el Estado, sino en su capacidad de transformar cada guaraní en productividad, confianza y crecimiento sostenible.