Dentro de este esquema, los datos oficiales disponibles muestran que en el país existen más de 5.000 carreras habilitadas, de las cuales alrededor de 500 cuentan con acreditación, lo que representa aproximadamente el 10% del total. Este indicador permite dimensionar la diferencia entre la expansión de la oferta educativa y el alcance de los procesos de evaluación.
Es de mencionar que el proceso de acreditación se basa en un modelo nacional que contempla dimensiones, criterios e indicadores relacionados con el proyecto académico, la infraestructura, la gestión institucional y los resultados. La evaluación incluye una etapa de autoevaluación por parte de la institución y una verificación externa realizada por pares evaluadores. El resultado puede derivar en acreditación, postergación con plan de mejoras o no acreditación.
La evidencia disponible muestra que la acreditación no se trata únicamente de un requisito formal, sino de un elemento que incide directamente en los resultados de los egresados. En efecto, la ANEAES dio a conocer unos indicadores de empleabilidad dentro de su modelo de evaluación. Estos incluyen variables como la congruencia ocupacional, el tiempo de inserción laboral y el seguimiento de egresados. Las carreras acreditadas presentan mejores indicadores de empleabilidad, con una puntuación promedio de 2,8 sobre 5, frente a 2,3 en carreras en proceso de mejora y valores cercanos a 1 en aquellas no acreditadas.
Asimismo, en sectores económicos específicos se observa una mayor presencia de egresados provenientes de carreras acreditadas, alcanzando el 85% en entidades financieras con vínculos internacionales, 63,4% en instituciones de financiamiento productivo y 66,7% en empresas del sector productivo. Estos datos sugieren que la acreditación funciona como una señal que el mercado laboral incorpora en sus procesos de selección, fortaleciendo la inserción profesional de los graduados.
No obstante, la baja proporción de carreras acreditadas también pone en evidencia la existencia de un segmento significativo del sistema que opera sin validación de calidad, lo que introduce un componente de informalidad. Esta situación se manifiesta en la existencia de carreras que no se presentan a los procesos de evaluación, reduciendo costos y compitiendo mediante precios más bajos, pero sin cumplir con estándares mínimos. El comportamiento genera distorsiones en el sistema, ya que afecta a las instituciones que sí invierten en calidad y, al mismo tiempo, traslada el riesgo a los estudiantes y sus familias.
El impacto de esta informalidad no se limita al ámbito educativo, sino que se extiende al funcionamiento del mercado laboral y a la acumulación de Capital Humano. La emisión de más de 100.000 títulos correspondientes a carreras no acreditadas en los últimos años refleja la magnitud del fenómeno y sus posibles implicancias en términos de productividad y asignación de recursos. En este sentido, la brecha entre habilitación y acreditación no solo constituye un desafío institucional, sino también una limitación para el desarrollo económico, en la medida en que condiciona la calidad de la formación disponible.
En términos de distribución por carreras, la proporción de acreditación presenta variaciones. En Medicina, por ejemplo, se registran 48 carreras habilitadas, de las cuales 24 están acreditadas, lo que equivale a un 50%. En otras áreas, como Derecho, la acreditación se sitúa en torno al 17%, mientras que en la mayoría de las carreras el rango oscila entre 5% y 17%.
Finalmente, y, en línea con las reflexiones de la ANEAES, urge fortalecer la articulación entre las instituciones del sistema, unificar criterios de evaluación y avanzar hacia mecanismos que integren los procesos de habilitación, evaluación y control. También la relevancia de alinear la educación superior con las transformaciones de la economía y con la demanda de perfiles profesionales en el país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.