El ingeniero Herman Pankow, quien denunció en 2018 el caso del metrobus en el Ministerio Público, cuestionó duramente la decisión que derivó en el sobreseimiento definitivo del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona.
Sostuvo que la fiscalía nunca realizó una investigación profunda y que ignoró informes de organismos estatales que advertían posibles hechos punibles.
Pankow afirmó que la Fiscalía dejó de lado conclusiones de la Contraloría General de la República y de una Comisión Bicameral del Congreso, que habían detectado indicios de hechos punibles en la ejecución del proyecto.
“La Fiscalía nunca investigó seriamente el caso metrobús. Ignoró incluso los informes de la Contraloría y de la Comisión Bicameral del Congreso, que concluyeron que existieron graves irregularidades y que correspondía determinar en un juicio oral si hubo o no lesión de confianza”, manifestó.
Lea más: Frentistas del fracasado metrobús: “Lo único que falta es que le pidamos perdón a Jiménez Gaona”
Según el denunciante, en lugar de profundizar la investigación, el Ministerio Público sostuvo que la determinación sobre posibles irregularidades debía recaer en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador de la obra.
“Representantes del propio BID estaban incluidos en la denuncia presentada, por lo que ese argumento resulta contradictorio e insuficiente”, cuestionó.
Críticas al arbitraje
Pankow también apuntó contra el arbitraje internacional que enfrentó al Estado paraguayo con la empresa portuguesa Mota Engil, adjudicataria de las obras.
Según sostuvo, la Fiscalía utilizó posteriormente el resultado de ese proceso arbitral para respaldar su postura en la causa penal.
“La Fiscalía intentó ampararse en un arbitraje cuyos árbitros fueron seleccionados precisamente por las partes denunciadas: el MOPC y Mota Engil. Es decir, los mismos involucrados eligieron a quienes debían resolver la controversia”, afirmó.
Lea más: Metrobús: Fiscalía ni se enteró que Mota Engil subcontrató a firma de Pettengill
El ingeniero argumentó que la legislación paraguaya establece límites al arbitraje en cuestiones vinculadas a posibles delitos contra el patrimonio público.
“Si existe intervención penal por posibles delitos contra el patrimonio público, no puede utilizarse el arbitraje para desplazar la actuación de la justicia penal ni para blanquear responsabilidades”, sostuvo.
Cuestiona cambios de criterio dentro del Ministerio Público
Otro de los puntos señalados por Pankow es lo que considera una contradicción en la actuación de la propia Fiscalía.
Recordó que una agente fiscal (María Estefanía González) había solicitado la elevación de la causa a juicio oral, mientras que posteriormente otros fiscales impulsaron una posición distinta que terminó favoreciendo el cierre definitivo del proceso.
“Si realmente consideran que nunca existió hecho punible ni base jurídica para la acusación, deberían explicar por qué la actuación anterior no constituye, según su propia lógica, una persecución indebida”, expresó.
Añadió que la institución “cambia de posición según la conveniencia política del momento”, situación que, a su criterio, pone en duda la independencia del Ministerio Público.
“Hubo pagos indebidos, pero nunca acusaron a la empresa”
Pankow también cuestionó que la acusación impulsada en su momento se haya concentrado exclusivamente en funcionarios públicos.
“La propia Fiscalía sostuvo que existieron pagos indebidos. Sin embargo, nunca acusó a la empresa (Mota Engil) que recibió esos pagos”, afirmó.
A su criterio, se trató de una investigación parcial porque dejó fuera del proceso a la firma beneficiada económicamente por los desembolsos realizados durante la ejecución del proyecto.
Lea más: Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús
Los antecedentes del fracasado proyecto
Desde el sector cartista se ha señalado al gobierno de Mario Abdo Benítez como responsable del cierre definitivo de la obra, argumento que también fue considerado en la investigación fiscal que derivó en la imputación del exministro Arnoldo Wiens.
Sin embargo, los antecedentes del caso muestran que la crisis del proyecto se había instalado antes del cambio de gobierno.
La empresa portuguesa Mota Engil, adjudicada durante la administración de Ramón Jiménez Gaona en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), suspendió los trabajos en medio de conflictos contractuales, dificultades financieras y crecientes cuestionamientos ciudadanos.
Cuando el nuevo equipo, liderado por Wiens, asumió la gestión del ministerio, el proyecto ya presentaba atrasos significativos, paralización de frentes de obra y problemas operativos para su continuidad.
Durante el desarrollo del contrato, el Estado paraguayo desembolsó aproximadamente US$ 30 millones a la contratista por trabajos ejecutados, la mayor parte durante la administración anterior.
La ejecución alcanzó parcialmente cerca de cuatro kilómetros de los doce kilómetros previstos para el corredor central del sistema, principalmente en los tramos 2 y 3, que no llegaron a concluirse debido a la falta de liberación total de la franja de dominio en la zona de Asunción.