Las principales centrales sindicales agrupadas en la Mesa de Unidad Sindical (CUT, CUT-A, CNT, CPT y CGT) elevaron una posición de rechazo ante una supuesta propuesta para modificar la Ley N.º 7235/2023, norma que regula el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilaciones y pensiones en Paraguay, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional.
De acuerdo con el documento difundido por la organización esta tarde, la preocupación se intensifica ante la posibilidad que el mismo sea incluido en el orden del día de Diputados para la próxima semana. Aunque en principio, en la agenda de Cámara Baja no contempla ningún tema relacionado al mismo para la sesión del martes 28 de julio, según se puede observaren la página web institucional.
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Según refiere la nota, el contenido del planteamiento fue conocido por la Mesa a través de su representante ante ese Consejo, Jorge López Luraghi, quien advirtió sobre la inclusión del tema en la agenda del Congreso.
¿Qué estaría en juego y por qué importa la modificación?
La Ley 7235/2023 es presentada por las organizaciones sindicales como el resultado de un proceso previo de “diálogo social tripartito”, mecanismo de concertación que involucra a distintos actores del sistema y que, según señalan, permitió alcanzar acuerdos para la aprobación de la norma con la creación de un Consejo de Seguridad Social.
El núcleo del reclamo sindical es que la propuesta de modificación no solo alteraría el contenido de la ley, sino que implicaría desconocer esos consensos. En el texto, la Mesa sostiene que la iniciativa “rompe los acuerdos alcanzados” durante ese proceso de diálogo y reabre una discusión que consideraban saldada en términos institucionales y políticos.
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Más facultades para el Banco Central
El aspecto que concentra la preocupación sindical es la posibilidad de que el Banco Central del Paraguay pase a reunir “la totalidad de las facultades” de regulación y supervisión del sistema de jubilaciones y pensiones.
Según la Mesa de Unidad Sindical, esa reasignación de competencias otorgaría al Banco Central atribuciones que “exceden su ámbito natural de actuación”. En términos prácticos, el comunicado interpreta que la modificación implicaría un rediseño del esquema de gobernanza del sistema previsional, con un desplazamiento de equilibrios institucionales hacia una sola entidad.
Riesgos señalados: autonomía, seguridad jurídica y derechos previsionales
Las centrales sindicales vinculan el eventual cambio con impactos que irían más allá de un ajuste administrativo. En su planteo, enumeran cuatro consecuencias principales que podrían darse en caso de prosperar la supuesta iniciativa:
- Debilitamiento de la institucionalidad de la seguridad social, al alterar el diseño de supervisión establecido por la Ley 7235/2023.
- Riesgo para la autonomía de las cajas de jubilaciones y pensiones, a partir de un mayor control centralizado.
- Incertidumbre jurídica, por modificar reglas que —según recuerdan— habían sido acordadas en un marco tripartito.
- Posible afectación de la protección de derechos previsionales de trabajadores y jubilados, el punto más sensible desde la óptica sindical.
La Mesa no detalla en el documento el articulado específico que se modificaría, pero enmarca la discusión como un “retroceso” en la gobernanza del sistema y como una decisión con efectos potenciales sobre la seguridad de las prestaciones.
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Pedido de reunión urgente y advertencia de medidas
En base a lo expuesto, la Mesa solicitó una reunión “de carácter urgente” con quien preside el Consejo de Seguridad Social, que recae en el ministro de Economía Óscar Lovera, esto con el objetivo de exponer su postura y discutir las implicancias de la propuesta antes de que sea tratada formalmente.
El comunicado también incluye una señal de escalada: las centrales sindicales afirman que no aceptarán cambios que vulneren los acuerdos del diálogo social o que impliquen retrocesos, y advierten que se reservan el derecho de impulsar acciones gremiales, jurídicas y políticas contra la iniciativa.