El juez penal de garantías de Villarrica, Derlis Duarte, dio lugar al pedido planteado por la nueva comisión organizadora del carnaval, presidido por César Sosa Fariña. El amparo constitucional fue contra el intento de desmontar los palcos del sambódromo, ya que el pasado 11 de diciembre empleados de la firma Hierro Centro –propiedad de Lilian Ortellado– empezaron a retirar las plataformas adyacentes al Club Silvio Pettirossi.

Las estructuras fueron instaladas años atrás para los asientos del público en los corsos.

Solo fue afectada una parte del lado este de las estructuras de las plataformas y se evitó el desmonte total de los palcos denunciando el hecho a la Policía Nacional. Posteriormente, los organizadores del carnaval recurrieron a la justicia; además, se encuentra vigente la prohibición de innovar dispuesta por la jueza inicial de la causa, Élida Bogado.

César Sosa indicó que podría utilizar los palcos, aunque sin modificarlos, durante las noches previstas para los corsos: el viernes 29 y sábado 30 de enero, y el viernes 5 y sábado 6 de febrero.

Lilian Ortellado integraba la comisión del carnaval cuando era intendente su hermano, Darío Ortellado. Pero con el nuevo intendente, Gustavo Navarro (ANR), la organización encargada de los corsos se renovó íntegramente.

La mujer asegura que es propietaria de las estructuras de los palcos ya que, según afirma, se le adeudan G. 300 millones por las anteriores ediciones de los corsos. Sosa Fariña sostuvo que para zanjar el conflicto, lo más probable es que luego de febrero Lilian Ortellado proceda a desmontar el palco.