Más allá de que la Ley N° 5074 o “llave en mano” brinde ventajas como la de no permitir reajustes en el precio, garantizar que la obra se termine en menor tiempo y permitir que la calidad de la misma sea mejor, Santiago Peña, economista y exministro de Hacienda, afirmó que una de las desventajas de la modalidad en su utilización en nuestro país es que, como es una herramienta nueva, hay pocos actores que participan. Peña señala que son pocas las empresas que pueden participar, por lo que los precios son altos. “Necesitamos que haya más empresas que participen porque de lo contrario se dan los monopolios y se ponen precios muy altos”, indicó.
Peña manifestó que la herramienta no es para “cualquier obra”. Se refirió al llamado anterior para la construcción de la Ruta Transchaco, al que se presentó solo la firma portuguesa Mota Engil con una oferta de G. 307.378.227.700 (unos US$ 600 millones). “La experiencia negativa que tuvimos con la Transchaco fue que hicimos el llamado para una obra muy grande. Lo hicimos con estándares de primer nivel, pero muy pocas empresas podían presentarse pues pocas cumplían con las condiciones financieras y técnicas”, relató.
Recordó que hubo un solo oferente (Mota Engil), que puso un precio alto con un costo de financiamiento también alto. “Era una obra necesaria pero que iba a resultar muy costosa. Por lo que la cancelamos”, señaló.
Consultado acerca de qué es necesario para que sean más los oferentes, Peña dijo que los requerimientos mínimos en los pliegos deben ser los adecuados para que compitan las empresas. “El eterno problema de las licitaciones es cuando se quiere digitar los pliegos para beneficiar a una empresa en particular. El caso más evidente fue la empresa de seguridad de IPS, era la única que se presentó, por lo tanto podía poner el precio que quería”, alegó.
En cuanto al desglose del precio en el sistema “llave en mano”, que incluye costos de obra, costos asociados (diseño y fiscalización) y los gastos “imprevistos”, dijo que en este último punto la ley es muy subjetiva, por lo que es importante que haya más participación de oferentes, pues en ese rubro de “imprevistos” se pueden poner precios muy altos.
Ante la consulta sobre qué tipo de obras deben licitarse con esta modalidad, Peña dijo que tienen que ser obras más pequeñas, como la ruta Naranjal-San Cristóbal, que no tuvo inconvenientes y ya está terminada. Finalmente, añadió que el manejo transparente de la herramienta es vital para el éxito de su uso.
Pocos oferentes
Teniendo en cuenta las primeras experiencias en la implementación de proyectos bajo la modalidad “llave en mano”, en cada llamado se presentó solo una empresa. En la Ruta Naranjal-San Cristóbal, el consorcio Concret Mix. En el llamado para el tramo Carmelo Peralta-Loma Plata (Corredor Bioceánico), el consorcio Queiroz Galvão SA-Ocho A SA. Por otro lado, en el llamado para Costanera Sur se presentaron seis consorcios, aunque Peña señaló que, en su opinión, el financiamiento de dicha adjudicación es muy caro.
Al respecto, consultamos con Jorge Garicoche, de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del Ministerio de Obras Públicas, quien dijo que la tasa de interés de Costanera Sur, según el pliego, será la del rendimiento Bono Paraguayo + Spread (margen) de 320 puntos básicos al momento del cierre financiero. “El cierre está previsto se de a los 6 meses de contrato. Si hoy fuese el cierre, la tasa estaría alrededor de 6,65 %”, apuntó Garicoche.
Precio, uno de los cuestionamientos
Uno de los cuestionamientos a las obras ejecutadas bajo la ley “llave en mano” es el precio.
Al respecto, Santiago Peña dijo que “aparentemente” es más costosa. “Uno de los grandes problemas de la obra pública es que cuando se hace el llamado, ya se tiene definido el proyecto ejecutivo. La empresa construye con base en las especificaciones que brinda la contratante. Cuando inician los trabajos se dan cuenta de que hay cosas que no están bien y ahí vienen los famosos reajustes, un mecanismo que alimentó mucho la corrupción, aquí y en otros países”, explicó. “Con esta modalidad el constructor tiene la responsabilidad de que todo el proyecto esté correcto y no se puede lavar las manos”, alegó.