Se refiere a la licitación pública internacional de obras civiles para las cuales fue adjudicado, y ya confirmado como ganador de la puja, el consorcio liderado por la empresa italiana Astaldi SpA, y de la que forman parte la firma argentina Rovella Carranza y la paraguaya Tecnoedil para las obras civiles. Según informaciones recabadas en Internet, la transnacional italiana estaba soportando serios problemas financieros, y que –inclusive– estaría afrontando actualmente un concurso de acreedores en tribunales de Roma, siempre según La Nación.
Cabe recordar que el consorcio, liderado por la transnacional italiana Astaldi SpA, había ganado la licitación con una oferta económica de US$ 193,2 millones, mientras la segunda mejor oferta fue presentada por el consorcio encabezado por José Cartellone SA, de US$ 225.159.270.
Además, cabe destacar que la propuesta ganadora se ubicó lejos del monto referencial proyectado durante el gobierno de Horacio Cartes, y la dirección paraguaya a cargo del Ing. Ángel María Recalde, que estableció la millonaria suma de US$ 360.000.000, lo que da una diferencia de US$ 166.758.269.
Según los abogados de Cartellone, la EBY escogió al consorcio rival, pese a que una de sus integrantes, Astaldi SPA, afirmó que debería ser excluida de la puja.
Según La Nación, la denuncia quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Rita Ailán, que se declaró competente para intervenir, tras un “dictamen validatorio” de la Fiscalía Federal, pero rechazó otorgar al Consorcio Cartellone una medida cautelar interina, aunque dio cinco días a la EBY para que dé explicaciones antes de definir si frena o no el proceso licitatorio.