Los gremios estiman que unas 100.000 hectáreas no podrán sembrarse a causa de las invasiones que actualmente hay en el país, por lo que le consultamos al abogado Diego Torales sobre lo que dice la ley y el protocolo que utiliza la Policía junto a la Fiscalía para el desalojo de inmuebles invadidos.
“Yo creo que hay una gran contradicción entre lo que dice la ley procesal penal y el protocolo que tiene firmado la Fiscalía con el Ministerio del Interior, que en realidad es absolutamente ilegal. El Código Procesal Penal habla de interrupción de los hechos punibles: cuando hay flagrancia en un hecho punible, la Policía y la Fiscalía tienen que utilizar todos los elementos a su alcance para poder interrumpir la comisión de un hecho punible, o sea, que tienen que cortar con el delito que se está cometiendo, y eso no ocurre con el protocolo”, explicó.
Le consultamos al representante de la ARP qué dice el protocolo y explicó que este lo que hace es establecer un plazo para la denuncia, para que después, dentro de las 24 a 48 horas, el fiscal se constituya en el lugar para hablar con los invasores. Posteriormente, en una fase 2 se deben recaudar informes en la Dirección de Registros Públicos, informe a las distintas instituciones de Derechos Humanos, ya sea de Policía o de la Fiscalía, y se recaban todos los informes.
Recién en fase 3 se procede a lo que sería el desalojo, al que llaman “cese de hecho punible”, que en realidad es una fase de aprehensión de personas; para llegar a ella, la “negociación” puede durar un mes, dos o mucho tiempo más, y al final no se corta la comisión de un hecho punible, destacó Torales.
Ley es superior a protocolo
Insistió en que, por un lado, el Código Procesal dice una cosa, que se tiene que cortar con la flagrancia de los delitos y, por otro, este protocolo que viene totalmente a contramano a ello, permitiendo a los invasores quedarse en la propiedad todo el tiempo que quieran, talando árboles, no dejando que los productores trabajen sus tierras, matando animales, quemando tractores, casas patronales. En el caso Campos Morombí se han encontrado campos de marihuana, rollotráfico de mañana, tarde y noche, explicó el abogado. “Considero que hay gran contradicción en las propias normas, la ley procesal penal dice una cosa y este protocolo absolutamente legal pero de rango inferior, hace totalmente otra, lo cual está mal”, reiteró.
En la Colonia Bella Vista, Yhú (Caaguazú), Alba Núñez denunció que su propiedad volvió a ser invadida y están pelando sus bosques.
INTENDENTE INVASOR HABLÓ
En comunicación con la 730 AM ABC Cardinal, el intendente de Capiibary, David González (PLRA), quien encabezó el sábado pasado un grupo de personas que ingresó sin autorización a la estancia Panambí, perteneciente a la familia De Gásperi, reconoció que “pudo haberse equivocado” pero que “no se arrepiente”, pues supuestamente ingresó a corroborar si existe una apropiación ilegal de tierras en la zona.
En la mañana de ayer, la propietaria de la estancia, Giomar De Gásperi hizo la denuncia ante Fiscalía.