Desde agosto último, Petropar no paga bonificaciones y gratificaciones a sus 887 funcionarios. Y en lo que resta del año tampoco les abonará si la Cámara de Senadores rechaza la reprogramación presupuestaria de G. 28.073 millones que Diputados aprobó la semana pasada.
Esto es lo que advirtió Jasinto Prieto, director de gestión empresarial de la estatal, en una circular distribuida a principios de este mes a los funcionarios.
El mismo Prieto explicó en una entrevista concedida a nuestro diario que de la cantidad de dinero solicitada, solo G. 8.000 millones utilizarán este año y que el resto, o sea, G. 20.000 millones, quedarán para el ejercicio 2020, como “un colchón”. Justamente ese monto suma el rubro “bonificaciones y gratificaciones” (ver infografía).
El problema de la falta de fondos del rubro “servicios personales” este año se debe a varios factores, según Prieto. Mencionó, por ejemplo, pagos de horas extras para la puesta a punto de la planta alcoholera de Mauricio José Troche a principios de julio; de las diversas unidades de negocios, cinco estaciones propias, la inclusión de 27 funcionarios tercerizados, imprescindibles, del sistema integrado de gestión (SAT), y el nombramiento de 91 personas, entre otros.
La transferencia de los G. 28.073 millones del rubro impuestos y tasas a gastos de personal no afectará el pago de los mismos. Pidieron reprogramar porque les sobrará luego de pagar sus compromisos impositivos.
Mientras las autoridades de Petropar defienden el aumento de gastos rígidos, fuentes cercanas a la misma cuestionan la cantidad de funcionarios que tiene en la sede central y las plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche. Inclusive hay funcionarios asignados a plantas que no están operativas, como las de Hernandarias (Alto Paraná) y Asunción, B° Sajonia (Calera Cue).
Si bien redujeron la cantidad de gente en esas plantas, igual continúan algunos sin que haya necesidad. Están oficiando de guardias. Una de las eternas críticas a la estatal es el uso prebendario de sus recursos. Los que ingresan son personas vinculadas a dirigentes políticos, líderes y exlíderes sindicales, funcionarios que sostienen a las administraciones de turno cuando las denuncian contra su administración arrecian.
Desde marzo último hubo serios cuestionamientos a la administración de Patricia Samudio, titular de la empresa estatal, por el ingreso indiscriminado de nuevos funcionarios, con salarios que rondan los G. 20 millones al mes y el nombramiento de más de 60 nuevos funcionarios sin concurso. También se le criticó el concurso de méritos amañado que convocó para cubrir cargos en la fábrica de alcohol de Troche. Gran parte de los seleccionados estaban ligados a funcionarios antiguos y políticos de la zona del Guairá.