De acuerdo con los datos, las cámaras están colocadas en la entrada y salida del desvío a Pastoreo, en zona del peaje. Se controla además sobrepeso y evasión del peaje. La multa por evasión del peaje es de G. 843.000.
Al respecto, Luis Christ, director de la Patrulla Caminera, explicó que el nuevo sistema fue instalado a raíz de la cantidad de evasores de peaje que transitan por la zona a través de “desvíos”. Agregó que las cámaras detectan y reconocen los números de chapa y captan cuando los automovilistas pasan por la entrada pero no por el peaje.
“Tape Porã aporta la tecnología y la Patrulla Caminera la fuerza punitiva, como máxima autoridad en las rutas, manifestó el Ing. Miguel A. Telesca, de la concesionaria. “Toda la multa que se llegue a aplicar corresponde a la Caminera”, aclaró.
Los responsables señalaron también que las cámaras de vigilancia están instaladas en la entrada al tramo privatizado entre Caaguazú y Ciudad del Este, en el punto de verificación o peaje y en la salida del tramo. El sistema tiene una eficiencia del 92%. El paso por el puesto de peaje elimina la imagen inicial. Caso contrario, se advierte a la Caminera con una foto que resalta el tipo de vehículo y el número de placa, explicó.
Christ, por su parte, indicó que la evasión del pago de la tarifa de peaje es una falta grave, según la Ley 5016/14, que en su Art. 112, inciso W, establece que los infractores serán multados con diez jornales mínimos, es decir unos G. 843.000.
En caso de registrarse una posible evasión, se le comunicará a la Patrulla Caminera, la que exigirá al conductor la boleta de pago del peaje apenas lo demore.
Según comentaron, Tape Porã emite, en sus puestos de peaje de Juan Manuel Frutos y Minga Guazú, boletas en los que advierte a los conductores que deben conservar sus comprobantes porque pueden ser requeridos por la Caminera y, en el caso en que no cuenten con ellas, serán sancionados.
La ley que crea la Patrulla Caminera también estipula que, de lo recaudado en concepto de multas (Art. 20), el 30% tiene que ir a gastos del personal, el 40% a programas de inversión, 15% a la Agencia Nacional de seguridad y 15% al financiamiento institucional.