Este proyecto es una de las cuatro versiones presentadas a las comisiones de Entes Binacionales y de Minas y Energía, que estuvo analizando el tema con exponentes del sector privado que participaron de una serie de sesiones en la búsqueda de una posición común frente a las negociaciones que se avecinan con Brasil, relacionadas al Anexo C del Tratado y otros aspectos.
Esta secretaría de Estado, según el proyecto, será un órgano del Poder Ejecutivo, sujeto de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios como institución rectora del sector minero, energético e hidrocarburífero nacional, y de la integración energética.
Básicamente, el proyecto de ley, que fue remitido la semana pasada al Viceministerio de Minas y Energía para su análisis, sería tratado como “moción de preferencia” esta semana, busca “priorizar y jerarquizar” la planificación, desarrollo e implementación de las políticas energéticas, hidrocarburíferas y mineras.
Igualmente, será el organismo encargado de elaborar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas, disposiciones, objetivos, planes de acción, líneas estratégicas, instrumentos y metas fijadas para el desarrollo de los sectores de la energía, los hidrocarburos y la minería.
En cuanto al ámbito de acción del futuro ministerio, este se extiende al sector energético e hidrocarburífero integrado por todas las etapas, procesos y actividades por los que transcurre una fuente energética, desde su origen hasta su aprovechamiento: prospección, exploración, explotación, transformación, transporte, almacenamiento, comercialización (incluyendo la importación y exportación y servicios energéticos e hidrocarburíferos, y de minería en general).
Políticas públicas
Entre otras cosas, el ministerio también buscará políticas tendientes a promover la inversión en el sector (pública y privada), así como el desarrollo de infraestructura dirigida a facilitar el acceso a la energía, incluyendo la ejecución de programas de electrificación rural enfocados en garantizar el acceso a la electricidad de sectores no servidos, no rentables o no concesionados.