El contralor Camilo Benítez firmó la orden para la auditar a las instituciones que tienen relación con el transporte público, como parte del plan maestro. La decisión coincide con la publicación del hecho que el Viceministerio de Transporte, a cargo de Pedro Britos, paga subsidios a transportistas procesados por cobro irregular del beneficio.
De hecho, en 2013, la Contraloría emitió un dictamen en el que confirmaba la transferencia de más de G. 29.000 millones en concepto de subsidios a ciertas empresas de transporte pese a que no contaban con documentos respaldatorios, tal como lo establece el Decreto Nº 6630/2011.
Además, los auditores comprobaron el pago indebido de más de G. 5.000 millones porque varió la cantidad de ómnibus en operación por mes, así como de reserva, dice el informe.
Por otra parte, en lo que va de este año, el viceministro Britos pagó más de G. 30.000 millones a 34 empresas, de las que cuatro están procesadas –sin sentencia firme– por el cobro irregular del subsidio.
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Existen sospechas de que un requisito no se cumple desde la implementación del pago de subsidios en 2011, es el relacionado con el Instituto de Previsión Social (IPS). El decreto establece que las empresas deben redoblar la cantidad de empleados de su flota de buses y que todos estén inscriptos en la previsional, y que la firma debe estar al día con sus aportes.
Al respecto, el director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, Ramón Giménez, confirmó que al instituto no le consta la cantidad de buses de la que dispone cada firma, solo recibe la nómina de funcionarios por empresas sin conocer el número de buses con que opera. Además, Giménez confirmó que muchos de los transportistas fraccionan sus deudas, sin precisar cifra ni identificar a las empresas, pero no descartó que existan transportistas que no están al día en un 100% con sus obligaciones, pero de igual modo acceden al subsidio.