Las obras son cuestionadas porque se usa el rubro 800, de transferencia directa a las organizaciones y estas se encargan de contratar a las empresas constructoras, sin someterse a un concurso de ofertas, tal como establece la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Además, existían sospechas de que los contratos favorecían a ONG ligadas a políticos. El antecesor de Torres era Justo Cárdenas, quien se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los convenios fueron firmados a finales de noviembre y en la última sesión de la Junta Asesora y de Control del Indert presidida por Torres, el día 2 de octubre, sus miembros aprobaron modificaciones en las especificaciones técnicas para la construcción de “Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable y Red de Distribución” con el objetivo de “evitar errores del pasado”, sin embargo, se mantuvo el esquema de contratación.

La semana pasada se supo de una reprogramación presupuestaria de G. 9.000 millones para la perforación de pozos en vez de compras de tierras. El actual titular del Indert, Mario Vega, desligó responsabilidad al respecto.