Todo empezó cuando en 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindió contrato con la contratista Beta Ingeniería y Asociados, representada por Rodrigo Benítez, por incumplimiento en la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario de Itauguá. Pero luego la firma demandó al MOPC por “desconocimiento de deuda y obligación de pago por lesión”. De acuerdo a los datos, en 2017 intervino la Procuraduría General de la República y solicitó que se levante la medida cautelar, pero el pedido fue rechazado y la medida fue prorrogada a favor de la empresa, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Decimoquinto Turno, a cargo de la jueza Tania Carolina Irún.
Intentamos tener más datos acerca del estado actual de la causa, pero en dicho Juzgado se limitaron a responder a ABC, el pasado miércoles, que el proceso está estancado porque deben “darse por notificados” tanto el MOPC como la empresa para que la investigación siga su curso.
Desde el MOPC afirman que resulta llamativo que el Poder Judicial haya sobrepuesto el bien privado antes que el bien público, pues el hecho de que no se concrete la obra pone en riesgo la salud de toda la comunidad y del lago Ypacaraí, porque allí van a parar todos los efluentes. “La contratista reaccionó y demandó al MOPC. Luego nos indicaron que se dispuso una medida cautelar de prohibición de innovar. Eso es lo que nos está interrumpiendo todo el proceso”, explicó ante nuestra consulta el Ing. Arístides Mongelós, coordinador de la Gerencia de Proyectos de Agua y Saneamiento del MOPC.
Eso implica que no se puede avanzar ni modificar nada del proyecto y, según acotó Mongelós, ya no se podrá hacer la obra en el programa de préstamo del BID establecido anteriormente porque ya se está acabando el plazo del mismo. “Relanzar el proyecto y construir la obra llevaría más tiempo, entonces ya no podemos comprometer porque el último desembolso está previsto en noviembre de 2021 y la obra llevaría 1 año 8 meses aproximadamente”, indicó.
La obra fue adjudicada a Beta Ingeniería por más de G. 14.386 millones. La firma fue inhabilitada, después, por Contrataciones.
Empresa fue sancionada
La firma Beta Ingeniería y Asociados fue sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hasta 2020. “Ha incumplido con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella y, como consecuencia, se han causado daños o perjuicios a la institución contratante, ha proporcionado información falsa, o ha actuado con dolo o mala fe en un procedimiento”, señala la DNCP en un informe.