A poco de terminar el año, no se sabe si hay medidas concretas recomendadas por la Comisión Pública-Privada que revisa el gasto público, ni si los miembros, encabezados por el ministro de Hacienda, Benigno López, mantienen reuniones frecuentes para elaborar un plan que conduzca a mejorar la calidad que se reclama desde el sector privado.

Esta comisión fue conformada a inicios del año y a la par de la Comisión Técnica Económica Tributaria, que tuvo a su cargo plantear una reforma impositiva, debía emitir las recomendaciones para reducir y mejorar la calidad de las erogaciones del Estado. Sin embargo, fue relegada para apurar los cambios impositivos que le darían al fisco unos US$ 300 millones más, provenientes de los contribuyentes.

Algunas de las medidas mencionadas incluían el proyecto de decreto de compras públicas consolidadas, que le permitiría supuestamente ahorrar al Estado, además de ayudar a la implementación del presupuesto por resultados en 2020. De todas formas, con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados se duda de su efectividad.

El plan de compras consolidadas ya fue anunciado a mitad de año y, según dijo a ABC el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, está a consideración de la Presidencia de la República y saldría en breve.

A esto se sumó la reunión en Palacio de Gobierno entre los presidentes de los tres poderes del Estado: Blas Llano, del Legislativo; Eugenio Jiménez Rolón, de la Corte Suprema, y Mario Abdo Benítez, del Ejecutivo, a fin de firmar un “pacto de austeridad”, que no pasó de una declaración de buenas intenciones, pues apenas se comenzó a elaborar el proyecto de presupuesto 2020, todos comenzaron a pedir aumento de los gastos.

El gasto rígido consume hoy el 92% de la recaudación impositiva y para el año venidero subiría a 94% de confirmarse las subas salariales aprobadas en Diputados, reduciendo más el margen de maniobras del fisco para destinar ingresos a inversiones. Son gastos rígidos: salarios, deuda y subsidio a programas como adultos mayores y Tekoporã, así como jubilaciones y pensiones.

De esta manera, la ejecución de obras queda exclusivamente sujeta al endeudamiento y conduce al país a un mayor déficit fiscal. Para este año, el Congreso ya autorizó subir el saldo rojo de 1,5% (US$ 600 millones) a 3% del PIB (US$ 1.200 millones). El sector privado y algunos legisladores temen que esto signifique abrir la canilla al derroche para luego terminar financiando de nuevo gastos corrientes.