En este momento, seis mil propiedades, 100% de ellas con título de propiedad, se encuentran en riesgo de perderse en CDE. Las seis mil propiedades están ubicadas en tres barrios, afectados por completo: Pablo Rojas, Che la Reina y Don Bosco, lado Acaray.
Estos barrios de clase media se extienden a lo largo de una franja que toma rumbo a Hernandarias, con dirección al puente Costa Cavalcanti.
Si cada una de estas propiedades, la mayoría adquirida en loteamientos de empresas inmobiliarias, tiene un gran valor, el conjunto que orilla las mil hectáreas se multiplica de manera exponencial.
Esta insólita situación tiene su inicio en la Ley 35/90 sancionada el 6 de setiembre de 1990 por la cual se expropian las fincas 66 y 13.741 en favor de la Municipalidad de Ciudad del Este. La Ley 35/90 tiene solo tres artículos como se puede ver en la infografía (derecha).
Una expropiación sin localización en el terreno
Un detalle fundamental: la ley de 35/90 no da ninguna localización de las fincas objeto de expropiación.
Menciona los números de fincas pero no facilita ninguna otra información salvo el nombre de los propietarios a quienes se tiene que indemnizar.
Tomás Rafael Salomoni, José Sardi Resk, Micaela Resk de Sardi, José María Bergotini, Lorenzo Juan Carlos Joy, Antonio Recalde Ledesma, Raúl Ignacio Brítez Britos, Felipe Salinas y Élida Paredes Barrios figuran como propietarios de la finca 66, con una superficie supuesta de 605 hectáreas.
José Bittar aparece como dueño de la finca 13.741, de 150 hectáreas según la ley.
Cada una de estas personas cobra una indemnización del Estado por la expropiación de un total de 755 hectáreas.
El monto establecido en concepto de indemnización se fija en G. 40.000 millones, equivalente a USD 38 millones en el año 1990; en ese momento la relación es de 1053 guaraníes - 1 dólar.
Todo indica que la Ley 35/90 es sancionada por el Congreso Nacional, promulgada por el Gral. Andrés Rodríguez, al solo efecto de pagar una indemnización a las personas mencionadas.
Junta Municipal anula loteamientos
A principios de 2008, 18 años después de promulgarse la Ley 35/90, la entonces intendenta Sandra McLeod inscribe en el Registro General de la Propiedad las fincas 66 y 13.741, en favor del municipio esteño.
Los propietarios de los miles de inmuebles reclaman la inscripción y logran que la Junta Municipal promulgue la resolución Nº 30/2008. Dicha resolución aprueba los loteamientos y reconoce tanto los títulos de propiedad como los derechos de posesión.
Esta situación cambia radicalmente el 5 de marzo de 2019: la Junta Municipal de Ciudad del Este ordena la realización de una mensura judicial sobre las fincas 66 y 13.741.
El 30 de octubre último, la corporación municipal resuelve anular el reconocimiento de los loteamientos a pesar de la existencia de títulos de propiedad legítimos.
Y el último paso en una situación que puede derivar en un completo caos se tiene el 18 de noviembre pasado: el intendente municipal Miguel Prieto resuelve promulgar la ordenanza de octubre de 2019 que anula los loteamientos.
Esto puede significar miles de títulos de propiedad a la deriva.