El funcionario fue abordado acerca de los transportistas que tienen fraccionadas sus deudas, es decir, que no están al día. Este dato es clave para constatar la nómina de empresas que reciben subsidios y no cumplen el requisito de no registrar deudas con la previsional para acceder al beneficio que otorga el Ejecutivo atenuar el peso del combustible en el costo de pasaje.

A modo de “compensación”, el director informó que G. 28.964 millones de la deuda del sector, sin especificar cuáles, son de las firmas que operan con sus deudas fraccionadas (ver cuadro).

Giménez agregó que trabajan en un proyecto para que los representantes de transportistas morosos estén inhabilitados para registrar a otras empresas, ya que recibieron reportes de morosos que crean nuevas cuentas y siguen operando bajo otra denominación.

De esta manera “limpian” su legajo y aumentan su deuda con la previsional de forma impune, beneficiándose con los pagos estatales.

En 2011, el entonces director de AOP, Eduardo Cano, advirtió que la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) –hoy Viceministerio del Transporte–, ni los transportistas informan la cantidad oficial de colectivos en circulación por empresa. Este reporte es importante porque cada empresa está obligada a asegurar a dos choferes por unidad en circulación y pagar el aporte correspondiente en base a esa cantidad.

Cano aseguraba que ningún reporte o certificación que se otorgue se ajustará a la realidad debido a que al IPS no le consta la cantidad de colectivos habilitados para cada compañía.

Giménez confirmó que sigue sin conocer la cantidad de buses en circulación.

El contralor Camilo Benítez fue notificado de esta situación, sin embargo, hasta el momento no intervino. Solo pidió informes de pagos de subsidios, los certificados del cumplimiento de los requisitos, entre otros documentos, que ninguno menciona al IPS.