VAQUERÍA (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). La Policía Nacional desplegó ayer 1.663 uniformados, un helicóptero y un carro hidrante para realizar un megadesalojo de una finca de mil hectáreas de las 33.000 que comprende la Reserva Morombí, propiedad de la firma Campos Morombí, que en total posee 53.000 hectáreas que abarcan los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.
El operativo fue encabezado por el jefe policial del departamento de Caaguazú, Crio. Édgar Meza, junto con el fiscal del distrito de Yhú, Gustavo Chamorro, y la fiscala del medio ambiente Marta Leiva. Estuvieron presentes también funcionarios de la Secretaría del Ambiente (SEAM).
Dicho predio, ubicado en la comunidad Pira Vera, estaba siendo ocupado por unas 250 familias, y se sospechaba que iba a haber resistencia al desalojo.
Los agentes llegaron y constataron que la mayoría de los invasores ya habían abandonado el lugar y que solo quedaban unas 40 personas, quienes, en compañía del abogado Nelson Mora, solicitaron suspender el operativo porque supuestamente era ilegal.
Al respecto, Mora indicó que el procedimiento no reunía las condiciones legales porque la zona está reconocida por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero no exhibió documento alguno que acredite sus afirmaciones. Aseguró después que entablarán una demanda judicial contra el agente fiscal Gustavo Chamorro.
Por su parte, Chamorro aseguró que anteriormente ya se había hablado con los ocupantes y que estos habían decidido abandonar el lugar pacíficamente con el fin de evitar que se produzca algún incidente.
Indicó que el inmueble está totalmente georreferenciado y que la zona es una propiedad totalmente privada, desmintiendo así al abogado Mora. Añadió que varias personas ya están siendo investigadas por la ocupación de tierras y que ya hay orden de captura contra ellas para después ser imputadas.
Una de las afectadas, María Estigarribia, que llegó a la reserva incentivada por un tal Fernández de Itakyry, sumergida en el llanto, pidió a los intervinientes no echar su casa ni destruir sus cultivos. Los uniformados posteriormente echaron todas las viviendas precarias y ayudaron a los desalojados a trasladar sus pertenencias hasta la Ruta PY10.
La fiscala Marta Leiva afirmó que apenas llegaron al lugar constataron graves crímenes ecológicos, como la tala indiscriminada de árboles, sin ningún criterio técnico, y la producción de carbón en grandes hornos con afectación de la zona.