“El acuerdo Escazú ayudará a evitar la ilegalidad ambiental porque en el Chaco, por ejemplo, los desmontes son 24% ilegales según el Infona”, refirió. Añadió que la opinión de Pavón sobre que el Acuerdo Escazú pretendería imponer a los “defensores de los derechos humanos ambientales” para convertirse en autoridades competentes para atender e intervenir en propiedades privadas, las legislaciones vigentes ya lo permiten, como lo demuestran muchos casos en los que se ha intervenido por haber flagrancia en delitos ecológicos, como el caso del desmonte en Paso Bravo.

Santagada enfatizó en que el Acuerdo Escazú, entre varios objetivos, pretende detectar fallas de mercado mediante la mayor disponibilidad de informaciones sobre la producción, tales como trazabilidad ambiental de la producción de carne o de granos, para que exista justicia comercial.