Acuerdo Escazú no es antipropiedad, dicen

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, firmado en el año 2018, no está a contramano a la propiedad privada ni de la economía ambiental, tal como lo afirmó en un comentario periodístico el Dr. Víctor Pavón, replicó ayer en una entrevista el abogado ambientalista Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea). Según expresa, con el referido acuerdo no se va a frenar la producción sino le dará valor social y fomentará el desarrollo sostenible bajo los tres pilares: económico, social y ambiental.

Ezequiel Santagada, de la ONG ambientalista  IDEA.
Ezequiel Santagada, de la ONG ambientalista IDEA.Archivo, ABC Color

“El acuerdo Escazú ayudará a evitar la ilegalidad ambiental porque en el Chaco, por ejemplo, los desmontes son 24% ilegales según el Infona”, refirió. Añadió que la opinión de Pavón sobre que el Acuerdo Escazú pretendería imponer a los “defensores de los derechos humanos ambientales” para convertirse en autoridades competentes para atender e intervenir en propiedades privadas, las legislaciones vigentes ya lo permiten, como lo demuestran muchos casos en los que se ha intervenido por haber flagrancia en delitos ecológicos, como el caso del desmonte en Paso Bravo.

Santagada enfatizó en que el Acuerdo Escazú, entre varios objetivos, pretende detectar fallas de mercado mediante la mayor disponibilidad de informaciones sobre la producción, tales como trazabilidad ambiental de la producción de carne o de granos, para que exista justicia comercial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD