El documento fue suscrito el 24 de mayo de este año en el más absoluto secreto, como una derivación de la falta de acuerdo entre ANDE y Eletrobras sobre la contratación de potencia de Itaipú para el 2019, que era el único tema en “conflicto”.
Debido a que ambas entidades no pudieron zanjar el “impasse”, que se había iniciado el 12 de febrero de este año, el asunto fue “elevado” a las “Altas Partes Contratantes” (a las cancillerías) para hallar una “solución”.
Sin embargo, la embajada brasileña en Asunción presenta a la Cancillería nacional otros seis o siete puntos, aparte del tema de la contratación de potencia, como el manejo del embalse solo por los directores técnicos, que increíblemente
las autoridades paraguayas aceptaron sin mayores discusiones. Luego de tres meses de “negociaciones”, finalmente se firmó el documento por el entonces embajador paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, y su par brasileño Pedro Miguel Da Costa.
Con el acta, según los técnicos, el Gobierno local permitió la modificación de las pequeñas “garantías” que tenía Paraguay en el Tratado y la Nota Reversal N° 05/86, y también iba a entregar entre un 84% y 89%, entre 2019
y 2022, respectivamente, la energía paraguaya más barata (excedentes y adicional a la garantizada) al Brasil. Además, igual porcentaje de la valiosísima energía del embalse, pertenecientes en un 50% al Paraguay (quedándonos con apenas 11% a 16% de la misma, entre 2019 y 2022, respectivamente).
En cuanto, al cronograma hay coincidencia en que ningún gobierno, desde 1985 a 2018, se atrevió a presentar tal cronograma de “compra de energía” (de contratación de potencia por más de un año). Según los antecedentes, ni el propio dictador Stroessner se atrevió a presentar el cronograma previsto en el Tratado en los años que le restaron de su mandato; y tampoco lo hizo ninguno de los posteriores presidentes de la República del Paraguay, porque implicaba graves riesgos de pagar por una potencia que no se consumiría.
Según algunos técnicos y políticos, Mario Abdo Benítez se atrevió a hacer lo que ningún presidente de la República hizo, y si bien lo hizo por cuatro años y no por 10 años, como establece el tratado, no lo hizo por más tiempo porque en el 2023 deja de tener vigencia el Anexo C y no pudo avanzar más del 2022.
Sin embargo, en la “Carta Convenio” firmada el 13 de diciembre último, increíblemente, los negociadores de la ANDE cedieron de vuelta en relación al cronograma de cuatro años, que aparentemente no es mejor que lo que se establecía en el Acta Bilateral que casi le costó el cargo a Mario Abdo Benítez. Lo que todos los presidentes hicieron es presentar la contratación de potencia de un año, lo que normalmente se presenta en octubre para el año siguiente, que ahora se ha perdido.