TEMBIAPORÃ (Por Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). La crisis entre ocupantes de unas 2.000 hectáreas de tierras de la colonia Pindo’i, de este distrito se agrava con las constantes amenazas de un gran desalojo a unas 300 familias, quienes se encuentran ocupando la propiedad y tras la imputación del intendente de esta localidad, Sotero Cáceres (PLRA), y otras 36 personas que son acusadas de encabezar la invasión.

Desde octubre del año pasado se viene arrastrando la intención de realizar un gran desalojo de los supuestos sintierras y que se suspendieron por varias circunstancias que se registraron en todo este tiempo. El último intento de desalojo fue el lunes 30 de diciembre pasado, pero el operativo fue suspendido en vistas de que en la misma fecha se registró en el departamento de Caaguazú la visita del presidente de la república Mario Abdo Benítez.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) asegura que las tierras son tituladas y de propiedad privada. Ante esta situación, tanto labriegos como productores agrícolas (sojeros) de la zona habían llegado a un acuerdo por el cual los dueños de las tierras iban a vender unas 350 hectáreas para la ubicación de los autodenominados sintierra. La transacción iba consistir en la venta al Estado por un valor de US$ 8.000 por hectárea, que equivaldría a un monto total de US$ 2.800.000; sin embargo, el Gobierno ofrece un máximo de US$ 4.500 por hectárea.

Al respecto, el presidente del Indert, Mario Vega, dijo que las 2.000 hectáreas son de propiedad privada, en donde la institución no tiene competencia en el conflicto.

Indicó que las tierras cuentan con títulos definitivos expedidos por más de 10 años y que por estatuto agrario las confirma como propiedad privada.

Ante la tensión existente en el lugar, la fiscala que llevaba la causa, Norma Salinas, fue amenazada el pasado 19 noviembre por un desconocido en el momento en que se disponía a salir de su casa para concurrir a su trabajo.