Poco antes del final de 2019, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual ordenaba la conformación de una serie de equipos técnicos de cara a la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe revisarse en el 2023.
El equipo negociador estará conformado por representantes de Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la ANDE, cuyas máximas autoridades deben nombrar a los integrantes
También se dispuso la conformación de equipos asesores de los que deben formar parte, por ejemplo, representantes del Ministerio de Hacienda o el Viceministerio de Minas y Energías.
Sin embargo, numerosos cuestionamientos aparecen como antecedente de algunas de las autoridades que deben elegir a quienes conformarán los equipos de negociación (ver infografía), lo que en varios círculos genera recelos y preocupación.
Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de gabinete de la Presidencia de la República, tiene cuestionamientos que datan de la época en la que fue diputado (período 2003-2008). Lo vincularon con presuntos pagos irregulares durante el proceso de privatización de Copaco y recientemente en Brasil lo mencionaron por supuestamente haber recibido dinero de un narcotraficante para evitar su extradición y de haber negociado con Darío Messer.
Villamayor ya nombró como su representante a Héctor Richer, quien defendió el acta entreguista del año pasado.
Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas, llegó al cargo prometiendo varias acciones concretas, pero hasta el momento el gobierno sigue sin demandar a la contratista del fallido metrobús, por ejemplo.
Luis Villordo, actual titular de la ANDE, había prometido defensa de los intereses paraguayos en las negociaciones con Eletobras y aún así se terminó firmando un nuevo acta con términos similares al acuerdo entreguista del año pasado.
Y Benigno López, actual ministro de Hacienda, debe nombrar también un representante para el equipo asesor en materia económica de la negociación del Anexo C. Fue titular de IPS durante el gobierno de Horacio Cartes y su gestión fue cuestionada, entre otras cosas por haber favorecido presuntamente a empresas de seguridad y otras posibles irregularidades.