El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas (ministro sustituto en ausencia del titular Benigno López), dio ayer mayores detalles del contenido del Decreto Nº 3.264 que reglamenta la Ley Nº 6.469 de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2020.
Explicó que de acuerdo con los estudios realizados se estima que con las restricciones a ser aplicadas a los gastos corrientes se estarían ahorrando unos US$ 36 millones y que la cifra podría, incluso, ser mayor cuando se haga el segundo análisis en febrero para definir el plan financiero a ser ejecutado por las diferentes instituciones públicas.
Llamosas indicó que preliminarmente, en todas las fuentes de financiamiento, el ahorro se daría de la siguiente manera: US$ 25 millones al establecer tope en el pago del subsidio familiar ocasional (no incluye componente fijo), US$ 6 millones en remuneraciones adicionales (que se paga tras cumplirse las horas extras), US$ 4 millones en pasajes y viáticos, y US$ 1 millón en compras de arreglos florales y uniformes.
En el caso del cuestionado subsidio familiar, el viceministro argumentó que no se puede eliminar porque incluyen beneficios establecidos en el Código Laboral y que de tomarse esta decisión podría significar para el Estado demandas judiciales. Por ello, afirmó, se impuso un tope para reducir su ejecución, ya que hasta el año pasado las entidades públicas podrían abonar las veces que querían y hasta el monto que tenían disponible en el presupuesto.
Con el tope el monto no podrá superar el equivalente a 1 salario mínimo (G. 2.192.839) y deberán ser pagos únicos en cada concepto, que según señaló son tres: escolaridad, ayuda vacacional y alimenticia. Es decir, que con esta nueva disposición un funcionario de la entidad que dispone de todo el crédito presupuestario podría seguir recibiendo en el año más de G. 6.500.000 adicionales.
Esto implica que si con la nueva disposición se logra un ahorro, evidentemente existían instituciones que pagaban discrecionalmente muy por encima del referido monto, según reconoció el viceministro y, principalmente, en las entidades descentralizadas. Adelantó que se solicitó a las entidades que remitan sus respectivos contratos colectivos para que la Abogacía del Tesoro realice un análisis sobre la legalidad de los beneficios.
Llamosas dijo que en total como subsidio familiar se tienen asignados US$ 70 millones en todas la fuentes, pero el 60% de este es componente fijo destinado a docentes (G. 85.000 mensual hasta por 4 hijos menores de 18 años) y se suman los funcionarios que ganan sueldo mínimo (G. 35.000 mensual hasta por 3 hijos menores de 18 años).
El resto del citado presupuesto es para los pagos ocasionales de los otros conceptos que incluye el rubro “subsidio familiar” y que son considerados comúnmente “aguinaldo extra”.