–¿Qué le parece el equipo negociador y la aparente falta de una línea presidencial sobre Itaipú?
–Del Presidente, ni hablar. No tiene ninguna agenda para el tema energético, y eso hace que la situación sea sumamente complicada, esa es la realidad. La solución tampoco pasa por la capacidad de los negociadores “seleccionados”, sino por la preparación de escenarios, que tampoco estoy viendo; es decir, qué es lo que vamos a ganar adoptando tal o cual estrategia.
–En realidad, hace tiempo se sabe las opciones de lo habría que plantear llegado el momento, pero hoy no los estamos viendo hoy.
–Lo más elemental todavía no hemos definido como país. Por ejemplo, Carlos Mateo Balmelli se espanta cuando se habla de bajar la tarifa, que también es uno de los análisis que se viene haciendo “al boleo”, sin que sepamos cuáles serían los impactos que podría ocasionar una decisión así. Si uno pregunta eso mismo a un estatista, que ve al Estado como el objetivo máximo, se va a inclinar por mantener invariable la tarifa. Pero si uno les hace la misma pregunta a los industriales, de todos los niveles, ellos estarán más interesados en que baje la tarifa (por efecto de que más del 60% de la carga financiera desaparecerá en el 2023) y no mantenerla artificialmente, porque eso sería un impuesto más.
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–Justamente, ese tema sería el principal “caballito de batalla” del Gobierno en las próximas negociaciones, con la supuesta idea de que nos “sobrarán” US$ 1.000 millones.
–Los mayores interesados en esa tesis son los estatistas, que quieren tener esa plata y utilizarla políticamente. Pero hay que pensar como piensa el 99% de la población, que son los usuarios, y que quieren tarifa baja. Para los industriales la energía es un insumo y un costo más, y para la gran mayoría de la población es conveniente que el precio baje. Pero, por supuesto, eso no conviene a los políticos que quieren seguir utilizando “plata fresca” para mantener a 300.000 funcionarios públicos.
–¿Qué es lo que hay que cambiar del Tratado y del Anexo C para facilitar, entre otras cosas, la famosa “libre disponibilidad” de nuestra energía?
–Sostener que hoy no tenemos la libre disponibilidad de nuestra energía es una postura errada, porque el Tratado no nos obliga a ceder la parte que no usamos. Todo lo contrario, nos obliga a comprarla y, por decisión propia, vender la parte que no podemos usar. El Tratado también dice que la otra parte tiene el derecho de comprarnos. Pero la gente de la ANDE, con algunos intereses de por medio, interpreta mal el famoso Art. XIII del Tratado, afirmando que estamos obligados a ceder y eso no es cierto. Fue un invento paraguayo.
–De todas maneras nos pagan por esa cesión una compensación que nunca satisfizo al país.
–Claro, pero eso ha ocurrido porque el Paraguay nunca se decidió a comprar todo o la mayor parte de lo que le corresponde. Cualquier escribano o abogado nos puede decir que compraventa significa que un producto (energía) es de un tercero (Itaipú), no es de Paraguay ni es de Brasil. Entonces, la adquisición se perfecciona a través de contratos. Lo que pasa es que Paraguay nunca se animó a comprar la totalidad de lo que le corresponde por Tratado.
–Pero ¿qué hacer luego con una cantidad de energía que sobrepasa la capacidad de consumo interno del país?
–Se la puede colocar en el mismo mercado brasileño. El tema es que siempre se pudo. El Tratado así como está, sin cambiar un solo ápice, permite hacerlo.
Reunión de “Equipo Negociador”
Según fuentes oficiales, mañana, el lunes o en el transcurso de la semana se estaría realizando la primera reunión de coordinación del Equipo Negociador del Anexo C de Itaipú, conformado por el Poder Ejecutivo. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores está confirmado el canciller nacional Antonio Rivas Palacios, por el Ministerio de Obras Públicas, su titular Arnoldo Wiens Duerksen, por el Gabinete de la Presidencia, el Ing. Héctor Richer, y por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Luis Villordo. Forman parte del equipo cuatro grupos de trabajo en el campo técnico, comercial, jurídico y económico, integrados por funcionarios de varios ministerios, el Banco Central y Hacienda.