Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS, confirmó ayer que decidieron dejar sin efecto la intención de extender hasta 65 años la edad para acceder a la jubilación, porque hay otras prioridades a las que el Poder Ejecutivo desea dar lugar, como la aprobación de la Ley de Supervisión de Pensiones del país y la reducción de los niveles de informalidad y evasión.
Según mencionó el directivo, esta decisión de postergar la modificación de la carta orgánica del IPS se da por un “mandato superior”, pero no descarta que el debate amplio y abierto con todos los sectores continúe, con el fin de ir construyendo un plan de reforma institucional, adecuado, que garantice la cobertura para las próximas generaciones.
Alegó que todos los sistemas de pensión, por más eficientes que sean, en algún momento fallan por diversos motivos: como el mayor crecimiento poblacional, aumento de la expectativa de vida y otros factores que hacen que el sistema de pensiones necesite de algunas reformas con el tiempo.
No obstante, Halley reconoció que hay otras prioridades que se deben ir trabajando en la brevedad, como una ley que crea la Supervisión de Pensiones (que tuvo un revés en el 2018), a fin de equilibrar los parámetros en los distintos esquemas de jubilación con los que se cuentan actualmente.
“El principal desafío que nos viene como sociedad es el diseño de un sistema de seguridad social, tenemos un conjunto de cajas, entre ellas la municipal, fiscal, ANDE, Itaipú, cada uno con su sistema propio, lo que genera ciudadanos de primera y de segunda, y, por ende, mucha inequidad social”, sostuvo el ejecutivo del IPS. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se observan varias inequidades en las diferentes cajas, que van desde la edad para jubilarse (entre 50 y 62 años), años de aportes (10 a 30 años de contribución), salario base (promedio de 36 meses a 60 meses), y el ajuste de beneficios.
Otro aspecto clave, según Halley, es la mejora en los índices de formalización, todavía hay muchos trabajadores que no acceden a la seguridad social, la cobertura llega a solo el 22% de los obreros. Por lo que adelantó que continuarán los esfuerzos para mejorar en este aspecto, además del combate al subregistro y la evasión. Muchas empresas no declaran las cotizaciones de sus aportantes como corresponde a fin de pagar menos.