El 28 de enero de 2019, la Prefectura General Naval dio a conocer la circular Nº 3/19.
El documento dice: “Notificación en tiempo y forma a los armadores y propietarios que a partir de la fecha, las embarcaciones hundidas o varadas que se encuentran en los ríos Paraguay y Paraná deberán proceder a presentar todas las documentaciones que guardan relación con la embarcación en un plazo de 15 días, a fin de iniciar la extracción” (negritas son nuestras).
Pasó un año y en todo este tiempo apenas se retiraron 10 barcazas chatarras del río según datos de la Prefectura.
El oficial Pedro Jiménez, de la asesoría jurídica de la Prefectura, confirmó que “la circular se encuentra vigente, en este tiempo logramos que sus respectivos propietarios retiren 10 barcazas”.
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El Abg. Jiménez explicó que “las barcazas que se encuentran en el lecho del río o en el canal de navegación deben ser retiradas en plazo perentorio porque no pueden obstruir la navegación”.
Aclaró que “en cambio, aquellas que están en la ribera se encuentran bajo condiciones mínimas de seguridad, bajo responsabilidad de sus propietarios”.
Mencionó igualmente que “existen limitaciones legales para intervenir con la fuerza que nos hubiera gustado y eso nos obliga a buscar un consenso con los propietarios para que retiren las barcazas”.
La circular N° 3 tiene fecha del 28 de enero de 2019. En 12 meses la Prefectura apenas logró que 10 de las chatarras se retiren del río; las demás siguen contaminando y poniendo en riesgo la navegación.
Retiro en plazo perentorio
Retirar las barcazas tiene un precio para las empresas propietarias que estas no quieren asumir y optan por dejarlas en la ribera.
El río Paraguay es estratégico para el comercio exterior de nuestro país; mantener la navegación en condiciones seguras es una obligación de las instituciones que tienen responsabilidad en las vías fluviales.
Mientras se mantenga esta suerte de tolerancia con la permanencia de chatarras en el río Paraguay ninguna de las empresas moverá un dedo para sacarlas de la ribera.
En el caso de las barcazas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene buena parte de responsabilidad junto con la Prefectura.
El MOPC, a juzgar por la documentación obrante, está más preocupada en aumentar las atribuciones de la Marina Mercante antes que en la eficiencia que se espera para mantener seguras las vías de comunicación, en este caso la hidrovía.
Puja entre MOPC y la Prefectura
Resulta notoria la puja que existe entre la Marina Mercante y la Prefectura Naval; mientras la primera se apoya en decretos, la segunda tiene todo un marco jurídico legal que la ampara a través de leyes y convenios internacionales.
La queja de los propietarios de barcazas es la burocracia que existe en el MOPC para que se autorice la destrucción de las chatarras.
La Prefectura, por su parte, alega que el MOPC debe retirar la bandera de navegación de una barcaza para que pueda habilitarse el desmantelamiento.
Mientras ellas no se ponen de acuerdo, las barcazas siguen en el río.
Venta como chatarra
Cada barcaza chatarra tiene un valor promedio de 10 a 15.000 dólares en el mercado de venta de hierro viejo.
La mejor alternativa para lograr la limpieza del río Paraguay, hoy convertido en depósito de chatarras, es acelerar el cese de bandera o bien establecer multas para las empresas propietarias.
Basura de hierro en la hidrovía
En un trayecto de solo 50 kilómetros, que separan a Piquete Cue de Villeta, se tienen alrededor de 100 barcazas hundidas.
A estas se suma un lote de 146 unidades amarradas en la isla Tres Bocas, jurisdicción de Piquete Cue, Limpio, pertenecientes a la firma argentina UABL.
Son 250 barcazas que ya no tienen utilidad.
Cada una de esas barcazas tiene un propietario. Están registradas en la Marina Mercante y la Prefectura.
A esto se suma que poseen una bandera bajo la cual están navegando.