Con esto se completa la normativa requerida para la ejecución plena del plan de gastos (ley de presupuesto, decreto reglamentario y plan financiero).

El informe de Hacienda explica que este plan financiero contempla el 100% de los gastos autorizados en el presupuesto con énfasis en resultados, con todas las fuentes de financiamiento.

Entre las principales medidas destaca que los saldos no ejecutados por las institución serán migrados hasta un 80%, como medida de racionalización; lo que se hará conforme a la disponibilidad de recursos financieros de la Tesorería General, al resultado de la ejecución presupuestaria y al comportamiento de las metas de recaudación de los meses de abril a mayo y subsiguientes, exclusivamente para los subgrupos y objetos del gasto financiados con recursos del tesoro, con las excepciones previstas para cada caso.

Además, indica que se establece que la programación del gasto corriente primario de la Administración Central, de enero a julio, no será mayor al 60% del presupuesto aprobado para el año (excluido el Poder Judicial), como lo establece la ley de Responsabilidad Fiscal por ser un año de elecciones municipales.