Empresarios divididos ante proyecto del fomento de turismo de compras

El proyecto de ley de duty free, cuyo fin, según aseguran, es dinamizar la economía en ciudades fronterizas, enfrenta a empresarios ante la posibilidad de generar competencia desleal a los importadores normales.

EL PROYECTO "ÁREA ADUANERA ESPECIAL"
EL PROYECTO "ÁREA ADUANERA ESPECIAL"

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, Said Taiyen, afirmó que el gremio apoya el proyecto de ley que reglamenta el Régimen de Área Aduanera Especial, cuyo objetivo es fomentar el turismo de compras en las ciudades fronterizas, que además de Ciudad del Este están Encarnación, Salto de Guairá y Pedro Juan Caballero.

El proyecto es impulsado por los senadores Enrique Bacchetta, Georgia Arrúa, Juan Bartolomé Ramírez, Abel González, Arnaldo Franco y Zulma Gómez.

“Consideramos que con esta ley podemos tener un modelo económico para hacer frente a la reforma que se hizo en Brasil, unilateralmente, sin consultar con los países vecinos. Es la única solución para nuestro comercio”, agregó. Recordó que en 2018, los presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) acordaron permitir a todos los países integrantes que adopten el mismo proyecto económico en cuanto a los duty free.

Carlos Jara, de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, señaló que si se aplica solo a extranjeros podría ser útil, más aún considerando que el 2019 fue difícil. “Si sirve para dinamizar la economía, habría que intentarlo, al menos un tiempo y medir los resultados”, opinó.

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Para el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), de implementarse tendría impacto negativo en la economía paraguaya, en cuanto a empleos, ventas y recaudación fiscal.

Su presidente Nery Giménez advirtió que se generaría una competencia desigual en oportunidades entre los productos de importación normal y los que son traídos para las tiendas o espacios creados, además de problemas de contrabando, evasión fiscal e imposibilidad de control.

Indicó que existen imprecisiones e inconsistencias que podrían facilitar la elusión de los controles obligatorios del Estado.

El viernes 31 de enero último, en la Gobernación de Alto Paraná, se llevó cabo una audiencia pública de la que participaron los proyectistas y otras autoridades del Gobierno. En esa ocasión, referentes del sector privado opinaron que deben realizarse ajustes al documento en aspectos como mayor claridad para el comercio en entre tiendas y acerca de los límites, a fin de evitar multas según el antojo del fiscalizador.

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