El legislador había presentado su denuncia hace un año, en enero de 2019, y lo hizo precisamente en contra del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Mencionó un daño económico de US$ 50 millones al erario público.
La semana pasada, el procurador general de la República, Sergio Coscia, dijo en conferencia de prensa que esperarán el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) para demandar a la constructora Mota Engil, porque provocó daños a los comercios y también al propio Estado paraguayo.
Por su parte el titular de la CGR, Camilo Benítez Aldana, informó que en abril próximo estará lista la auditoría, que habían iniciado en octubre de 2018, a pedido del actual titular de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.
El proyecto metrobús tenía muchas falencias, que fueron desnudadas por una auditoría del mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que otorgó el crédito de US$ 125 millones al Paraguay en 2012.
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Desde su concepción, el proyecto tuvo muchos cuestionamientos por parte de diferentes sectores sociales, entre ellos la falta de diseño definitivo, el uso de gasoíl y no de electricidad siendo el Paraguay uno de los mayores productores de energía limpia, la confiscación de dos carriles del corredor Eusebio Ayala y de las calles de ingreso al centro de la capital. El sistema de transporte debía llegar hasta una estación en el Puerto, donde están construyendo las oficinas de Gobierno.
La semana pasada, la Procuraduría fue notificada de dos demandas en el extranjero que entabló contra el Estado paraguayo la empresa extranjera. Coscia señaló que están preparando la contestación de las demandas sin mencionar en qué fecha la entregarán.
La obra otorgó el MOPC a la portuguesa Mota Engil en febrero de 2016. Comenzó la construcción en la zona del Campus de San Lorenzo en febrero de 2017. En octubre de 2018 la citada firma abandona la obra luego de construir 800 metros de los 11 kilómetros previstos en el proyecto.
