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Jueza de Iruña bajo investigación

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
Teresita de Jesús Florentín autorizó el atropello a propiedad privada.
Teresita de Jesús Florentín autorizó el atropello a propiedad privada.

El 27 de febrero último, la jueza de primera instancia en lo civil de Iruña, Teresita de Jesús Florentín, recibió una notificación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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El oficio Nº 334/20, firmado por el titular del Jurado de Magistrados, Enrique Bacchetta Chiriani, fue remitido a la jueza Florentín.

El documento deja constancia del inicio de una investigación preliminar con base en una publicación de ABC Color de fecha 17 de febrero último titulada “Título de propiedad no es suficiente para frenar atropellos de los jueces”.

El oficio 334/20 dispone “remitir a la vista de este Jurado un informe sobre la causa así como todos los antecedentes que guardan relación con la publicación periodística”.

A la jueza Florentín se le impuso un plazo de 24 de horas para enviar toda la documentación a Asunción.

Intentamos sin éxito comunicarnos con la jueza de Iruña llamando al celular 0983 terminación 355.

Contradicción de la jueza

La firma Agropeco SA, con sede en Raúl Peña, Alto Paraná, construyó caminos perimetrales dentro de su propiedad.

El camino de Agropeco se encuentra en excelente estado, mantenido con recursos de la empresa.

Colonos brasileños de Tava’i, Caazapá, pretenden utilizar el camino interno de Agropeco para movilizarse porque los tramos camineros del distrito se encuentran en mal estado.

Agropeco solicitó una medida cautelar para proteger su camino interno.

El 19 de noviembre pasado, a raíz de los atropellos cometidos por los brasileños, la jueza Florentín otorgó una medida cautelar prohibiendo el ingreso a la propiedad.

Sin embargo, el 13 de febrero último anuló la medida cautelar en favor de Agropeco y dictó otra orden autorizando el ingreso en la propiedad privada para utilizar un camino interno.

Ese mismo día, la jueza Teresita de Jesús Florentín salió de vacaciones.

El mandato judicial tuvo un fundamento insólito: el camino interno de Agropeco se encuentra en buen estado, en cambio el camino público “está en malas condiciones y es difícil de transitar”. Y ordenó el atropello a Agropeco con escolta policial.

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