En realidad, propone dos puntos para sumar a los fondos para la atención de la emergencia: 1. Optimizar los gastos de explotación de Itaipú de este año, que ascienden US$ 805 millones, ajustando los salarios, contratos, viáticos y beneficios de la margen derecha a un “nivel justo y equitativo” con el país.
2. Cesar el pago de la deuda corrupta, que asciende a US$ 2.064,9 millones para este año, destinando de esta forma más de US$ 1.000 millones a cada país para la atención de la emergencia. Una vez pasada la crisis actual, la organización civil plantea mantener dichos ajustes y destinar los fondos a la inversión en salud, ciencia, tecnología, industrialización, reforma agraria y educación de forma permanente a través del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Este planteamiento se habría presentado al Poder Ejecutivo, que es la autoridad que tiene la potestad de dar instrucciones al director general paraguayo de la entidad binacional, así como a los seis consejeros paraguayos, para encaminar dichas medidas. “Estamos ante una emergencia, cuyo alcance aún no podemos dimensionar, de modo que es momento de aunar esfuerzos y tomar medidas urgentes para la protección de toda la población, tanto en la salud como en lo económico y social”, dice.