- Exigir el pago de la deuda por la cesión de energía no utilizada por Paraguay, que a la fecha es de US$ 85 millones por 15 meses de falta de pago (de diciembre 2018 a febrero 2020).

- Suspender la venta de energía vía Garabí hasta que se establezca una mesa técnica para fundamentar en forma consolidada la imposibilidad o no de realizar dicha transacción o plantear las bases para una futura nota reversal que permita que los beneficios de dicha transacción económica sea justa para el Paraguay.

- Plantear un plazo para la definición sobre la Revisión del Anexo C y su aplicación, pendientes desde el año 2014: resulta fundamental para el ordenamiento financiero de la EBY que este año se defina esta situación, ya sea con la aprobación de la NR 02/17 o planteando mejoras al mismo.

“Además, es fundamental que, considerando la disponibilidad de retirar el 100% de la energía paraguaya de Yacyretá, que está disponible desde diciembre del año pasado, la ANDE retire la mayor cantidad de energía que permita el Sistema Interconectado Nacional, que plantee una posición diferente tanto en Yacyretá como en las futuras negociaciones de Itaipú”, explicó el técnico.

Añadió que la entidad paraguayo-argentina no puede estar separada de la estrategia para la revisión del Anexo C de Itaipú, prevista para el 2023 y debe ser considerada en los diferentes escenarios posibles.