Las medidas de racionalización se aplican plenamente desde este mes a todos los gastos considerados superfluos, a fin de destinar estos fondos a Salud Pública para enfrentar la pandemia por coronavirus.
El decreto que reglamenta la ley de emergencia indica en su artículo 8° que a partir de abril se suspende el pago de horas extraordinarias y adicionales, salvo las correspondientes al personal que desempeña funciones esenciales en las entidades mencionadas en el Artículo 3° de la Ley, exclusivamente las que corresponden a las actividades misionales y programas sustantivos según la estructura presupuestaria aprobada, con excepción del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Las horas extras se pagan por servicios prestados después de cumplida la jornada ordinaria de trabajo (8 o 6 horas) y las adicionales se abonan pasadas las jornadas ordinarias y extraordinarias de trabajo, de acuerdo al clasificador de la ley de presupuesto 2020.
Las instituciones públicas, en su mayoría, por la cuarentena decretada por el Gobierno actualmente ya no están operando a plenitud, por lo menos hasta el 12 de este mes, que es la fecha cuando se acaba el aislamiento total con excepciones que ahora rige.
Las medidas de racionalización también incluyen la reasignación de gastos como combustibles, aportes y subsidios a partidos políticos y catering. Además, la prohibición de proveer almuerzo y cupos de combustibles para los funcionarios, máximas autoridades y cargos electivos; suspende los beneficios para el funcionariado, como subsidio familiar y otros.
Los recortes aplicados al gasto público no afectan a los fondos previstos para las organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades sin fines de lucro, según confirmaron en el Ministerio de Hacienda. Para este sector, se tienen presupuestados más de G. 44.000 millones (US$ 6,8 millones) para 121 entidades.
