La privatización de Acepar se inició en 1997 y debía completarse en el 2009, pero en ese último año el Gobierno reclamó la devolución de la fábrica por violación reiterada de varias cláusulas por parte de los compradores. De todas formas, desde el principio esto fue un mal negocio, pues el precio se fijó en sólo US$ 35 millones, de los cuales el Estado apenas llegó a recibir unos US$ 23 millones.

Desde el 2010 se ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, establecer un Comité de Arbitraje que defina quién es el propietario de Acepar, el Estado o el consorcio que participó de la privatización de 1997. El Estado recuperó el manejo de la siderúrgica en el 2013 a través de una intervención judicial.