Aramí O’Hara, representante del Núcleo de Empresarios de Gastronomía, Entretenimiento, Eventos, Turismo y Afines, se sumó a las críticas de los empresarios contra la gestión de los subsidios por parte del Gobierno, que claramente privilegian a los informales, frente a los que sí contribuyen con sus aportes todos los meses.
Mientras que el programa Pytyvõ dirigido a informales ya supera los 1.111.000 beneficiarios que efectivizaron el subsidio por casi US$ 100 millones, el Instituto de Previsión Social (IPS) recién pudo concretar el pago de la compensación económica para unos 9.000 trabajadores aportantes de la institución, por US$ 1,38 millones. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEESS) informó que hasta fin de abril han recibido unas 7.000 solicitudes de suspensión que afectan a unos 88.000 trabajadores formales, los cuales deben remitirse al IPS para que se haga el depósito correspondiente.
A través de su cuenta de Twitter, la empresaria criticó esta desprolijidad que deja atrás a miles de obreros formales de la posibilidad de recibir la ayuda tan necesaria y justa, más todavía por tratarse de trabajadores que mes a mes vienen aportando.
“Hacemos un llamado a mejorar las comunicaciones internas entre las instituciones para acelerar los procesos”, indicó O’Hara.
El IPS transfirió la ayuda estatal para 12.000 trabajadores, quienes en teoría ya están habilitados, pero recién al recibir el mensaje de texto pueden pasar a efectivizar, por más que su nombre ya figure en la página de la institución. De acuerdo con una denuncia reportada a nuestro diario, un trabajador, quien tuvo que soportar la larga espera y fila para ser atendido, finalmente tuvo que retirarse del local del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la casa matriz, con las manos vacías, porque su nombre aún no fue remitido por el IPS.
O’Hara también cuestionó la inequidad que sufre el trabajador formal del sector privado, frente al privilegio que gozan los funcionarios del sector público. El obrero privado sufre el recorte y postergación de ayuda, mientras el funcionario público a lo sumo le recortaron algunos beneficios.
“A una persona que se pasa aportando mensualmente su 9% del salario le dicen que solo cobrará el 50% de un mínimo (no de lo que figura en planilla) y peor aún, si ganaba G 4.500.000 ya directamente no le toca recibir nada. En cambio, el público cobra sus G. 4,5 millones aún sin irse a trabajar y sin control porque algunos entes liberaron marcación”, se quejó a través de su red social.
Esto sin mencionar la diferencia salarial entre uno y otro sector. Según datos de la Dirección General de
Estadísticas, Encuestas y Censos, el ingreso promedio de un empleado en la sector público ronda los G. 4.021.000, superior en 62% al salario en el sector privado, que asciende a G. 2.473.000 en promedio.