El tribunal del primer arbitraje internacional “ad hoc” al que recurrió la empresa portuguesa Mota Engil, ya salió a favor de la excontratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el fracasado proyecto del metrobús. Es que el colegiado, presidido por el brasileño José Emilio Nunes Pinto, resolvió por unanimidad, el 1 de mayo pasado, que el Estado paraguayo se abstenga de ejecutar las pólizas que tengan que ver con el rescindido contrato, mientras dure el juicio del arbitraje.
Sin embargo, el MOPC ya reclamó las dos garantías que están vigentes hace casi tres meses (por unos US$ 13 millones), que son por la garantía de fiel cumplimiento (de Royal Seguros por US$ 6,4 millones) y por el anticipo (del Banco Itaú por US$ 6,6 millones).
La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer en horas de la tarde sobre la decisión del tribunal, luego de que documentos del proceso se hayan ya viralizado en redes sociales.
La decisión del jurado se dio luego de que Mota Engil solicitó una medida cautelar, la cual buscó justamente “que cesen las garantías otorgadas a favor del Estado” a los que “la PGR se opuso terminantemente”, informó ayer el titular de la institución, Sergio Coscia.
En total el cuerpo colegiado ordenó cinco puntos, entre los cuales se encuentran: Que Mota Engil emita una garantía de arbitraje a favor del Estado paraguayo (a más tardar el 15 de mayo), que el MOPC informe sobre un monto retenido del contrato y que además Obras Públicas indique el monto estimado y concepto de los daños que sufrió por el incumplimiento de la firma europea.
LLAMATIVO PROCEDIMIENTO
Aunque el tribunal arbitral –de la primera demanda que presentó Mota Engil–, ya se conformó hace algunos meses, hasta ahora todavía no definieron el lugar donde se llevará adelante el proceso. Por un lado, Mota exigía que se haga en Chile, mientras que el Estado paraguayo buscaba que se lleve adelante en Asunción, como se estableció explícitamente en el contrato del fallido Metrobús. Esto nunca se definió y el colegiado ya toma decisiones en reuniones por videoconferencia.
Esta mediación se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominado Uncitral, por su siglas en inglés.