El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) defendió ayer los cuestionados pagos que realizó al consorcio chileno-español Typsa-Incosa-Ingeneg, que fue adjudicado en mayo de 2016 para fiscalizar las obras del fallido metrobús y cobró casi la totalidad del contrato, a pesar de que el proyecto que debía “verificar” no avanzó ni la mitad.
El ingeniero Eligio Pappalardo, supervisor de obras del MOPC, refirió ayer que la actual administración no realizó pago alguno al mencionado grupo, desde la suspensión de las obras el 23 de octubre de 2018, y que la mayor parte de los desembolsos fue hecha durante el gobierno de Horacio Cartes.
Indicó que las facturas emitidas en el ejercicio 2019 por la actual administración corresponden a certificados de trabajos realizados antes de la suspensión de la obra: agosto, setiembre y octubre de 2018, correspondientes a los primeros meses del ministro Arnoldo Wiens al frente de la institución.
Se le consultó sobre los motivos por los cuales desembolsaron casi la totalidad del contrato de fiscalización, pese al nulo avance del metrobús, y dijo que el contrato con la empresa exigía pagos mensuales fijos que se debían cumplir, los cuales están reglamentados por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista de la obra.
Esto significa que la empresa tenía que cobrar trabajando o no, pues debía “mantener” a todo su equipo en la zona de obras, pero aclaró que la empresa cumplió con sus obligaciones.
“El contrato de la fiscalización es un contrato que tiene la modalidad de pagos de cuotas mensuales fijas y otro pago de manera proporcional al avance de obras. En un principio se tenían 22 meses de diseño y la construcción, y dos meses de posconstrucción para detectar los defectos de la obra y los preparativos para la rescisión provisoria”, señaló.
Asimismo, agregó que no rescindieron el contrato debido a que la consultora seguía ofreciendo sus servicios para el cierre del contrato con Mota Engil.
El monto del contrato original de la fiscalización es de 16.320 millones de guaraníes y la institución ya abonó G. 15.467 millones, es decir, 95% de la adjudicación inicial.
Empero, Pappalardo manifestó que el contrato original ya subió a G. 21.638 millones, por lo que los pagos representan “solo el 65%” del monto contractual.