MAURICIO JOSÉ TROCHE (Carlos Ávalos y Víctor Barrera Burgos, corresponsales). La Asociación de Cañicultores de esta comunidad llevó a cabo ayer una caravana con unos 30 camiones repletos de caña dulce, que recorrió desde la alcoholera de Petropar hasta el desvío de la compañía Itacurubí, unos 6 kilómetros, para exigir el inicio de la admisión de sus productos en la planta estatal, que normalmente empieza en mayo.

Pero desde este año los productores de esta región así como todos los demás proveedores del Estado están regidos por la ley Nº 6355, que exige presentar su declaración jurada de bienes y rentas a quienes reciben fondos públicos. La normativa fue aprobada en el 2019 y recientemente la Cámara de Diputados, con impulso de cartistas y abdistas, dio media sanción a un proyecto de ley que exime de la obligación a los cañicultores de Troche.

El presidente del gremio, Braulio Salinas, indicó que la citada ley impacta a más de 2.000 cañicultores censados, advirtió que más de 11.000 hectáreas de caña dulce apeligran perderse si no es comercializada a tiempo y que los perjuicios monetarios serían muy altos.

Además, anunció que hoy, martes, cerrarán con camiones cargados en el km 150 de la ruta PY02, zona denominada desvío San Pedro de Coronel Oviedo, como medida de presión al Senado para que también esa Cámara otorgue su visto bueno al proyecto de ley que les exoneraría de presentar declaraciones juradas.

Al ser consultado acerca de los reclamos el director de Comunicación de Petropar, Felipe Oddone, este dijo que el ingenio se encuentra listo para recibir la materia prima y que aguardan lo que se resuelva en el Congreso sobre el tema de declaraciones juradas. Por otro lado, comentó que la meta para esta zafra es moler unas 400.000 toneladas de caña y se proyecta alcanzar unos 24 millones de litros de alcohol.